María Murcia (Unidad y Lucha).— Que el actual modelo de oposiciones es un sistema injusto e indigno para los trabajadores públicos es algo que asumimos. Todos conocemos a alguien que ha tenido que estudiar al tiempo que trabajaba, con el fin de poder trabajar también al año siguiente, y así sucesivamente hasta después de mucho tiempo y dinero invertidos, haber acumulado suficientes méritos, estudio y experiencia. Todo con tal de demostrar que se está capacitada o capacitado para ejercer el trabajo que viene realizando hasta la fecha y para el que ya tenía formación suficiente.
A pesar de esto y de toda la crítica que podemos realizar al respecto (precariedad, desigualdad de oportunidades, enriquecimiento de academias e individuos a costa de un concurso público, etc.), las buenas condiciones laborales de las que gozan los trabajadores públicos fijos hacen que dejemos un poco de lado todo lo que hay detrás del escenario. Parecía que, pese a ser duro, las oposiciones funcionaban: había que sacrificar parte de la vida, pero se conseguía plaza con esfuerzo. Ahora parece que no basta con esa voluntad.
La Consejería de Educación de la Región de Murcia anunció a bombo y platillo la que iba a ser una oferta de empleo público histórica: 1495 plazas para Secundaria, Bachillerato y FP que darían la oportunidad de cubrir puestos vacantes tanto a los interinos que llevan años trabajando sin plaza como a los más jóvenes. La ilusión duró poco: el día del examen los opositores de las distintas especialidades coincidían en que la parte práctica había sido excesivamente larga y casi imposible de completar en el tiempo previsto. Además, se notificaron algunas irregularidades, como enunciados que inducían a error e imágenes en las que no podían distinguirse ciertos detalles. Se esperó con impaciencia la publicación de las notas y entonces cayó el jarro de agua fría: tribunales en los que nadie había aprobado; tribunales en los que habían aprobado cinco o seis de cien; tribunales en los que, entre los aprobados, ninguno había superado el práctico; en definitiva, menos de un 20 % de aprobados y más de 260 plazas desiertas. La agitación de ese día y la rápida sucesión de reclamaciones silenciaron una noticia que apareció, sin embargo, esa misma tarde: la concesión en la Región de Murcia de más líneas concertadas para Bachillerato.
No esconden sus intenciones: el plan de la Consejería es regalar cada vez más financiación a los centros privados religiosos (entre ellos colegios como el Nelva-Monteagudo, que pertenece al Opus Dei y segrega por sexos mientras recibe dinero público, incumpliendo la actual la ley) mientras deja plazas sin cubrir en nuestros institutos públicos y maltrata al personal docente, situación que, por supuesto, redunda en una peor calidad de la educación que reciben las hijas e hijos de la clase trabajadora. El próximo curso iniciará con plazas no cubiertas en gran parte de las materias, que tendrán que ser ocupadas no por puestos fijos a jornada completa, sino por contratos a tiempo parcial y temporales que parecen ser la meta del Gobierno regional. Cuando el camino es la privatización, la estabilidad del sector público no es una prioridad.
Algunos sindicatos exigen una investigación del proceso, más transparencia; a otros les basta con animar a opositoras y opositores a que reclamen, y después a que presenten un recurso de alzada, y después a que vayan a lo contencioso, y así hasta agotar toda una serie de vías administrativas que resultan inútiles.
Sin embargo, el objetivo no debe ser poner parches, útiles o no, que puedan resolver un problema individual, sino luchar por pararles los pies a los que planean desmantelar nuestra educación pública. Esas dos noticias juntas tenían mucha más relación de la que puede parecer, y el personal interino es plenamente consciente de ello. Ante la amenaza que nos presentan, solo cabe la organización para defender lo que nos pertenece a toda la clase obrera.
