En una conferencia de prensa organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), los deudos que llevan décadas clamando justicia para sus seres queridos ultimados o desaparecidos expusieron sus reclamos.
“Más de 25 mil desaparecidos, más de cinco mil mujeres violadas. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hermanos? Esta ley es un insulto. Es una ley hecha por y para los asesinos”, dijo Luis Arónez, representante de la CNDDHH.
La exministra de Justicia Gisela Ortiz consideró inadmisible la ley porque exime de culpa a militares y policías que enfrentan procesos por crímenes como desapariciones forzadas, violaciones sexuales, torturas y asesinatos.
Ortiz es una de los muchos que claman por justicia para sus familiares, pues es hermana de Enrique Ortiz, uno de los estudiantes de la Universidad de Educación La Cantuta asesinados por el Grupo Colina, que además los quemó y enterró clandestinamente, bajo el gobierno Fujimori (1990-2000).
El grupo era un destacamento ilegal del Ejército cuya misión era torturar y ejecutar extrajudicialmente a sospechosos de integrar a los grupos armados que actuaron entre 1980 y 2000, durante el llamado conflicto armado interno.
Gisela Ortiz dejó en claro que el afán de lograr que los autores paguen sus crímenes no es motivado por venganza, sino de justicia y señaló que la ley aprobada ayer por el Parlamento de mayoría conservadora afín al fujimorismo “nos arrebata el derecho a saber la verdad y a que se e sancione a los responsables”.
La activista de derechos humanos dijo también que no es la primera vez que el Congreso legisla a favor de autores de crímenes de Estado, pues hubo una ley similar a la aprobada ayer, en 1995, durante el gobierno fujimorista y años después anulada por la justicia supranacional a la que adhiere el Estado peruano.
“Esta es otra batalla, y la enfrentaremos con la misma dignidad”, añadió.
En la rueda de prensa participaron por teleconferencia familiares de víctimas de crímenes de Estado, de la región andina de Ayacucho, que era epicentro del conflicto interno.
Por la misma vía participó Charmeli Bustíos, hija del periodista Hugo Bustíos, asesinado por militares en 1988 y por lo cual fue condenado hace unos años el general jubilado y exministro del Interior, Daniel Urresti.
“Después de 34 años logramos la condena de Daniel Urresti, uno de los implicados. ¿Ahora quieren dejarlo libre con una ley? Es cruel, es inhumano, déjennos cerrar nuestro duelo”, aseveró.
El exministro de Justicia y excanciller Diego García Sayán aseveró que la amnistía constituye una regresión jurídica grave y puede dar lugar a un proceso en tribunales supranacionales.
La CNDDHH estima que la amnistía podría beneficiar a 900 militares y policías, tanto con procesos como condenados.
