En rueda de prensa, el dirigente se refirió a la falta de medicamentos e insumos, así como a la corrupción y el abandono estatal, principalmente hacia pacientes con enfermedades crónicas.
“Pedimos al gobierno que se sensibilice, que tenga solidaridad y que entienda que la falta de insumos, de medicamentos, que la falta de todo lo necesario para tratar a los pacientes renales es sumamente grande”, señaló.
El vocero de ese grupo de enfermos, Kevin Valdez, hizo un llamado a la comunidad internacional a tomar acción, en coordinación con el Gobierno, para la elaboración de un plan emergente de atención para esos enfermos y extendió esta invitación a la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Valdez precisó que la deuda estatal con los centros que ofrecen servicios de diálisis supera los 300 millones de dólares.
El pasado miércoles, representantes de la Federación Médica marcharon en Quito y presentaron ante la Corte Constitucional una demanda contra la Ley de Integridad Pública, una de las recientes normativas impulsadas desde el Ejecutivo y aprobadas por Asamblea Nacional (Parlamento) con mayoría oficialista.
Carrasco señaló que varios artículos afectan derechos laborales y debilitan el sistema público de salud.
Según denunció, la Ley permite despidos arbitrarios, impone evaluaciones punitivas y atenta contra la estabilidad laboral de médicos, enfermeros, obstetras y otros profesionales sanitarios.
“Nos quieren evaluar con parámetros de excelencia, pero ¿qué es excelencia cuando no hay insumos, no hay medicamentos y se persigue a los profesionales?”, dijo el dirigente del sector a la prensa.
El gremio busca también la declaratoria de emergencia del sistema nacional de salud, una medida que podría ayudar en medio de la falta de especialistas, insumos, infraestructura y seguridad para los profesionales.
