Se vivieron momentos de tensión este martes al mediodía durante la protesta frente al Congreso donde los efectivos montaron el dispositivo antipiquete dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y establecieron varios cordones y hubo cruces con los manifestantes.
Los participantes, a los que se sumaron a manera de apoyo miembros de grupos sociales, políticos y sindicales, protestaban contra el veto el lunes del presidente Javier Milei del lunes contra la Ley de Emergencia en Discapacidad que aprobaron ambas cámaras del palacio lesgislativo.
Una desproporcionada cantidad de agentes sacó a los empujones a las personas que se manifestaban pacíficamente. Manifestaciones similares a favor de las personas con discapacidad se replicaron en las principales ciudades del país.
La ley rechazada por Milei facilita el acceso a las pensiones para los discapacitados portadores del Certificado Único de Discapacidad, a contramano de las últimas decisiones del Gobierno sobre la cuestión.
Además, el proyecto propone un aumento para los prestadores, a fin de compensar lo que perdieron por la inflación. Este incremento se financiaría con fondos de la Superintendencia de Servicios de Salud, el Programa de Asistencia Médica Integral y el Programa Incluir Salud.
El presidente vetó esta iniciativa de asistencia social con el pretexto de estimularía el déficit fiscal; sin embargo, el aumento presupuestario que se necesita para esto es apenas del 0,03 por ciento del PBI, mientras que para los talleres protegidos, el aumento costaría tan solo un 0,0008 por ciento.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley podría sumar de 493 mil a 946 mil nuevos beneficiarios.
Citado por el diario Página12, un informe de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad alerta que la pensión por invalidez laboral está congelada en 217 mil pesos (167 dólares), y que una maestra de integración en la escuela común cobra solo tres mil la hora, recién a los 180 días de labor.
Como parte de su política de férreo ajuste que implica violentos recortes, el gobierno cercenó las pensiones por discapacidad y desde la propia Agencia Nacional de Discapacidad -de la que despidieron a 340 personas, incluidas con discapacidad- reconocieron que proyectan recortar otras 400 mil, lo que representa un tercio del total.
El ajuste en términos reales fue del 56% entre 2023 y 2024, según datos oficiales.
