Insistió en la necesidad de evitar la militarización de las aguas y preservar la paz y la seguridad regional e internacional, según expresó aquí el Encargado de Negocios a.i. de la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, embajador Yuri Gala.
El representante cubano intervino este martes en el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre “Seguridad Marítima: Prevención, Innovación y Cooperación Internacional para abordar los desafíos emergentes”, convocado por la Presidencia de Panamá, celebrado en la sede en Nueva York del máximo organismo multilateral.
En sus palabras, Gala reconoció el papel esencial que el transporte marítimo desempeñó en el desarrollo de la humanidad, subrayando que se trata de una de las industrias más empleadas y a la vez más peligrosas, lo que demanda de normas globales para proteger la vida y el medio ambiente marino.
A su vez, destacó el relevante papel de la Organización Marítima Internacional (OMI) en la promoción de la seguridad de la navegación y la prevención de la contaminación marítima ocasionada por buques.
En ese sentido, el diplomático recordó que Cuba es miembro de esta entidad desde 1966 y concede especial importancia a sus esfuerzos para desarrollar el transporte marítimo y cumplir con las normas internacionales.
El embajador Gala señaló que la nación caribeña cuenta con un sólido marco legal en materia de seguridad marítima, que incluye la Ley de Navegación y la Ley de Puertos y sus reglamentos, así como un Código Penal, cuyo capítulo 5 aborda los actos contra la seguridad de la navegación.
Asimismo, enfatizó que la seguridad marítima reviste especial relevancia para Cuba como pequeño Estado insular en desarrollo, altamente dependiente del transporte marítimo para el desarrollo de su economía.
En este contexto, denunció el impacto del bloqueo impuesto al país por el Gobierno de Estados Unidos, que calificó como una violación flagrante del Derecho Internacional y un obstáculo a la libertad de comercio y navegación internacionales.
La estadounidense Ley Torricelli -dijo- sanciona a los barcos que entren a puertos cubanos con fines comerciales, prohibiéndoles tocar puertos estadounidenses durante seis meses, lo que incrementa los costos y limita las operaciones portuarias de la nación antillana.
A ello se suman -advirtió- las medidas extremas de guerra económica aplicadas desde 2019, destinadas a impedir el suministro de combustible a la Isla mediante sanciones e intimidación a productores, proveedores, transportistas y aseguradores.
