Según informes de la ONG, se han registrado al menos 40 muertes relacionadas con el cólera en la región de Darfur, ya devastada por el conflicto en Sudán, y se han atendido a unos 2.300 enfermos solo en la última semana en esa zona. Desde julio del año pasado, el país contabilizó más de 100.000 casos y 2.470 fallecidos por la enfermedad.
MSF alertó que, de no controlarse, la situación podría volverse “catastrófica”, pues las instalaciones sanitarias existentes están desbordadas. La directora de la misión de MSF en Sudán, Tuna Turkmen, denunció que las recientes y fuertes lluvias han ayudado a la contaminación del agua, lo que acelera la propagación de la enfermedad. El cólera se transmite a través de alimentos y agua contaminados, y puede ser mortal en pocas horas si no se trata a tiempo.
Este brote mortal se agrava en el contexto de una guerra civil que estalló a mediados de abril de 2023, enfrentando al jefe del Ejército, Abdel Fatah al-Burhan, con el líder de las Fuerzas paramilitares de Apoyo Rápido (RSF), Mohamed Hamdan Daglo. Los combates han destruido los medios de subsistencia y han sumido al país en una compleja espiral de hambre y muertes.
El panorama humanitario es sombrío. Cientos de miles de civiles se encuentran atrapados en la sitiada ciudad de El Fasher, en el norte de Darfur, con todas las rutas comerciales y líneas de suministro cortadas. La falta de alimentos es tan severa que la hambruna fue confirmada en los campos de desplazados internos en agosto de 2024, y se prevé que se agrave. En la última semana, más de 60 personas han muerto por desnutrición, y se han reportado violaciones atroces, incluyendo violencia sexual contra mujeres y niñas.
Ante la crisis, España y otros 27 países se han sumado a una declaración conjunta para exigir a las partes en conflicto que permitan el acceso de ayuda humanitaria a la población sudanesa. El documento, que expresa solidaridad con el pueblo de Sudán, lamenta que las organizaciones humanitarias no hayan podido entregar asistencia vital durante más de un año debido a los combates.
La declaración responsabiliza tanto a las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) como a las RSF de la protección de los civiles en Darfur y Kordofán, y les recuerda su compromiso de respetar el derecho internacional humanitario, asumido en la Declaración de Yeda de mayo de 2023. Los signatarios, que incluyen a representantes de la Unión Europea, Canadá, Japón, y varios países europeos, exigen el cese de las hostilidades para permitir el flujo de ayuda.
