Alberto Acevedo (Voz).— El anuncio de la Casa Blanca de que inició un despliegue de buques de guerra de la Marina de los Estados Unidos por el mar Caribe, con el pretexto de combatir a los carteles del narcotráfico; sumado a la posibilidad que ese despliegue militar implique la invasión de territorio venezolano, colombiano o mexicano, precedidos de la noticia de que el Departamento de Estado gringo aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la ‘captura’ del presidente Nicolás Maduro, ha provocado una oleada de indignación entre diferentes gobiernos de la región.
Los gobiernos progresistas, en su reacción, coinciden en señalar que tales anuncios conllevan a un escalamiento de la política injerencista de Washington en los asuntos internos de las naciones latinoamericanas, en una reedición de la Doctrina Monroe, que planteaba, América para los americanos, entendiendo el término como el sometimiento de todo el continente, lo que algunos analistas después interpretaron como la idea de que Latinoamérica debería ser el ‘patio trasero’ de los Estados Unidos.
En el caso de nuestro vecino chavista, de acuerdo a la óptica de analistas locales, Estados Unidos profundiza su ofensiva contra Venezuela: no le bastan las sanciones económicas que desde hace años golpean a la población del vecino país; ahora ofrece millones de dólares a quien proporcione ‘información’ sobre Maduro. En realidad, el objetivo que se quiere es incentivar abiertamente el intervencionismo o golpes de Estado al servicio de los intereses norteamericanos.
‘Justicia’ extraterritorial
El anuncio de que Washington duplicará a 50 millones de dólares la recompensa que ofrece por información que conduzca a la captura del presidente Maduro, fue hecha el 7 de junio pasado por la fiscal general Pam Bondi, y ratificado por Marco Rubio, del Departamento de Estado. Esta medida forma parte de una política sostenida de sanciones económicas, presiones diplomáticas y para favorecer su dominio político.
Estados Unidos se arroga el ‘derecho’ de ofrecer recompensas por información sobre el presidente y otros altos funcionarios de un Estado soberano. Es la prepotencia de la ‘justicia’ extraterritorial propia de una potencia imperial.
Ofrecer millones de dólares por ‘información relacionada’ con figuras absolutamente públicas, como las del gobierno de Caracas, se inscribe en su política intervencionista. En el fondo lo que pretenden es incentivar el golpismo, con un mensaje dirigido a las Fuerzas Armadas, buscando quebrar la cadena de mando y abrir el camino a un cambio de régimen, funcional a sus intereses.
Replicar resultados de Bolivia
Estos ofrecimientos no son tan descabellados para los planes imperiales, si se tiene en cuenta que persiste en Venezuela una corriente golpista, ultraderechista, encabezada por la señora María Corina Machado, que proclama abiertamente la idea de una intervención extranjera directa, que ponga fin al gobierno bolivariano de Venezuela. Seguramente, estos sectores, alentados por el Departamento de Estado norteamericano, habrán tomado nota de los resultados de las elecciones en Bolivia, y sueñan con que una debacle progresista se extienda a territorio bolivariano.
Aunque no han trascendido suficientes detalles de la operación que pone en aguas del Caribe a tropas de la Marina norteamericana, Donald Trump habría dado instrucciones para el uso de las Fuerzas Armadas con el objetivo de enfrentar estructuras designadas como organizaciones terroristas globales por las autoridades de ese país, indica un informe de la agencia Reuters.
“Este despliegue tiene como objeto abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, procedentes de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región”, dijo a Reuters una fuente allegada al Departamento de Estado. En febrero pasado, la Casa Blanca declaró a grupos narcotraficantes, incluidos el Cartel de Sinaloa, el Tren de Aragua y últimamente al que denomina el ‘Cartel de los Soles’, como organizaciones terroristas.
La intervención a un paso
La jugada consiste en que, si se les declara organizaciones terroristas, constituyen una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y habiendo tal amenaza, la intervención en cualquier punto del territorio latinoamericano quedaría a un paso.
Y esa intervención puede situarse en Venezuela, cuyo gobierno incomoda cada vez más a Washington. O podría situarse en Colombia, con el argumento de que se han multiplicado las hectáreas de cultivo de drogas de uso ilícito. O en México, donde con frecuencia el gobierno Trump acusa al del país azteca de no cooperar lo suficiente en la lucha contra el tráfico de fentanilo.
La reacción latinoamericana no se ha hecho esperar. El lunes de la presente semana, el gobierno de Cuba denunció la presencia de “fuerzas militares navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del mar Caribe” y negó que el despliegue sea una maniobra para luchar contra los carteles de la droga. El canciller Bruno Rodríguez dijo que los movimientos del ejército estadounidense en el Caribe responden a la ‘corrupta agenda’ del secretario de Estado Marco Rubio y exigió que se respete la región como “zona de paz”.
Petro respalda a Venezuela
El gobierno mexicano dijo por su parte que detectó movimientos de tropas de la Marina norteamericana en aguas del Pacífico, y un medio local aseguró que Washington ha movilizado al menos 4.000 militares sobre aguas del Caribe, algunas de cuyas unidades han llegado muy próximas a zona limítrofes venezolanas.
El gobierno del presidente Gustavo Petro, en Colombia, se pronunció sin vacilaciones contra cualquier intento intervencionista de la administración norteamericana en Latinoamérica.
“Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad. Libertad o muerte, gritó Bolívar, y el pueblo se sublevó”, escribió Petro en su cuenta de X.
