El organismo judicial, que a inicios de mes suspendió parcialmente la medida de manera cautelar, instaló en la mañana de este lunes una audiencia para escuchar los argumentos de quienes presentaron demandas de inconstitucionalidad y también del Ejecutivo y el Legislativo.
Si bien la diligencia transcurre de manera virtual, en las afueras del recinto un grupo de ciudadanos expresan su rechazo a la normativa por considerar que pone en riesgo derechos fundamentales.
El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, pidió a los magistrados no dejarse presionar por el Gobierno y que analicen, en derecho, las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley de Solidaridad Nacional.
Entre los impugnantes de esa disposición se encuentran la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), el partido Unidad Popular, el Colegio de Abogados de Pichincha y el abogado Erick Gavilánez.
La Corte suspendió temporalmente varios artículos de esa norma y de otras dos leyes de interés del Ejecutivo como medida preventiva para evitar daños graves antes de un fallo definitivo sobre su constitucionalidad.
Específicamente de la Ley de Solidaridad Nacional, los magistrados dejaron sin aplicación momentánea artículos como el que reconoce la existencia de un conflicto armado interno, el que habilita indultos presidenciales diferidos, el que explica qué se considera un “grupo armado organizado” y el que presume ciertos bienes como objetivos militares.
“Las leyes aprobadas en los últimos dos meses van contra la unidad de materia, y ello sería más que suficiente para que la Corte Constitucional les declare inconstitucionales a todas” aseguró la presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, Marcela Arellano.
