La acusación se basa en información que, según el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), fue extraída de los teléfonos celulares de tres policías que fueron detenidos en la comunidad de San Ignacio, presuntamente implicados en un plan de vigilancia contra el líder indígena Leonidas Iza. De acuerdo con el colectivo, en los dispositivos se encontraron miles de mensajes y registros que detallan “operaciones encubiertas”.
Estas operaciones, según el MICC, incluyen la infiltración de agentes y periodistas que elaboraban informes confidenciales sobre las actividades de dirigentes de movimientos sociales, sindicales y estudiantiles.
Entre los nombres de los líderes que habrían sido blanco de esta vigilancia figuran: Andrés Quishpe (Unión Nacional de Educadores), Nery Padilla (Federación de Estudiantes Universitarios), Edwin Bedoya (Frente Unitario de Trabajadores) y José Villavicencio (Unión General de Trabajadores), entre otros. El MICC describió esta red como un “plan sistemático” para neutralizar la movilización social en el país, calificando estas prácticas como un “hostigamiento directo a la protesta social” que carece de respaldo judicial.
COMUNICADO:
La organización recordó que la justicia indígena abrió un proceso contra los tres uniformados, quienes, según sus declaraciones, confirmaron el seguimiento a Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
La revisión de las más de cinco mil conversaciones halladas en los teléfonos de los agentes reveló la existencia de diferentes modalidades de infiltración, incluidas operaciones que el MICC vincula a medios de comunicación como Wilar RTV.
