El gremio docente señaló en un comunicado que más de 27 accionantes y al menos otros 40 representantes de diversos sectores (médicos, trabajadores, mujeres, jubilados, jóvenes, abogados y organizaciones profesionales) expusieron ante el tribunal las razones por las que consideran inconstitucional la normativa.
“El pueblo ha demostrado que lo que defiende en las calles también lo puede defender en el máximo órgano de justicia constitucional”, señaló el documento.
De acuerdo con la UNE, durante las sesiones realizadas este miércoles y jueves, los abogados de la Presidencia de la República y de la Asamblea Nacional no lograron justificar la unidad de materia de la Ley de Integridad Pública, que introduce cambios a más de 20 leyes.
La UNE denunció además que el Legislativo no pudo explicar la falta de debate en torno a reformas incorporadas en segundo debate, entre ellas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
Asimismo, el colectivo de educadores insistió en que la Ley vulnera derechos básicos y reiteró su llamado a mantener la movilización social en defensa de la Constitución.
En ese marco, convocó a una nueva jornada de protesta para el próximo 11 de septiembre contra esas y otras disposiciones del presidente, Daniel Noboa.
A inicios de este mes el organismo judicial determinó suspender parcialmente esa disposición, así como artículos de las leyes de Inteligencia y Solidaridad Nacional.
A raíz de la decisión de la Corte de frenar las tres leyes, Noboa acusó a los magistrados de impedir al Gobierno avanzar en la lucha contra la inseguridad.
La tensión se profundizó luego de una movilización encabezada por el mandatario contra los jueces constitucionales y también por la propuesta de un referendo con el cual la administración busca habilitar el juicio político de los magistrados.
