Una investigación conjunta de varios medios israelíes fundamentada en información de la base de datos militar de Tel Aviv, reveló que de un total de 6.000 palestinos encarcelados bajo la legislación de “combatientes ilegales”, solo el 25 por ciento lo son.
El estudio indica que la gran mayoría de los prisioneros son civiles que se desempeñaban como trabajadores médicos, profesores, periodistas, incluso ancianos, personas enfermas y niños, quienes fueron detenidos por las tropas del régimen de Israel sin cargos ni juicio en prisiones. De acuerdo con la investigación, en la base militar de Sde Teiman, conocida por los abusos, se llegó a habilitar un hangar llamado “el corral geriátrico” para albergar a la gran cantidad de detenidos enfermos, ancianos y discapacitados.
La base de datos militar de Israel, considerada su información más precisa, registra 1.450 prisioneros palestinos, quienes son marcados en sus expedientes como presuntos “combatientes”. El informe destaca casos atroces, como el de Fahamiya al-Khalidi, una mujer de 82 años con Alzheimer que fue detenida durante seis semanas bajo la ley de “combatientes ilegales” a pesar de su condición. Un médico militar que la trató, describió su detención como un “error de juicio local y aislado”. Otro caso es el de Abeer Ghaban, una madre soltera que, tras ser liberada después de 53 días, encontró a sus hijos pequeños mendigando en las calles.
La legislación israelí de “combatientes ilegales” permite la detención indefinida sin presentar pruebas en un tribunal abierto y no se tiene constancia de juicios celebrados contra ninguna persona capturada en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Grupos de derechos humanos como el Centro Al Mezan y HaMoked sostienen que la proporción de civiles es incluso mayor que lo que sugieren las cifras de Israel y acusan a esta legislación de facilitar la “desaparición forzada” de miles de personas.
Por su parte, Israel no cuestionó la existencia de la base de datos ni las cifras, pero afirmó que la “mayoría” de los detenidos estaban supuestamente “involucrados en actividades terroristas” y que las liberaciones de más de 2.000 civiles demuestran un “exhaustivo proceso de revisión”. No obstante, fuentes militares y grupos de derechos humanos denuncian que las detenciones masivas se utilizan como moneda de cambio para futuras negociaciones por rehenes.
