El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) exigió a la Asamblea Legislativa local que se cancele “cualquier plan dirigido a remilitarizar al país” según el comunicado difundido por la portavoz alterna de esa organización en la Cámara de Representantes local, Adriana Gutiérrez.
La solicitud, dirigida en última instancia a la Administración Trump y al Congreso estadounidense, se produce en el contexto de las maniobras de la Armada en el sur de ese archipiélago caribeño y tras la orden del Pentágono de situar diez aviones de combate F-35 a una base aérea de Puerto Rico. El despliegue se da en paralelo a las crecientes amenazas de EE.UU. contra la soberanía de Venezuela.
“Es el saldo de ser una colonia de Estados Unidos” en palabras del senador del PIP Adrián González, quien consideró que guardar silencio o respaldar las operaciones militares es “dar la espalda a nuestros compatriotas y legitimar el sistema colonial que nos lleva oprimiendo por tantos años”.
El documento presentado por el PIP reclama el inicio de un proceso de descolonización de Puerto Rico y la limpieza de terrenos contaminados en décadas pasadas durante los ejercicios de guerra desarrollados por EE.UU.
El pasado martes, la Guardia Nacional de Puerto Rico pidió calma a la ciudadanía, en tanto la gobernadora Jenniffer Gonnzález dijo recientemente que no existe ninguna declaración oficial para reactivar alguna base o prácticas militares en las islas boricuas de Vieques y Culebra.
Aunque el estatus político de Puerto Rico como Estado Libre Asociado permite cierta autonomía, un Gobierno y Parlamento locales, ámbitos como la defensa, fronteras y relaciones diplomáticas permanecen bajo el control de Washington.
El despliegue militar de la Marina de EE.UU. —bajo el pretexto de combatir el narcotráfico— en aguas del Caribe y frente a las costas de Venezuela, ha sido rechazado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños por poner en peligro la paz y la seguridad de la región.
