El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por liderar un plan golpista que tras las elecciones de 2022, en las que resultó derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) es la primera condena en la historia de Brasil contra un exmandatario y altos mandos militares por atentar contra el orden democrático.
El fallo lo responsabiliza de cinco delitos: intento de golpe de Estado, intento de abolición del Estado democrático de derecho, pertenencia a organización criminal, daños al patrimonio y daños a bienes públicos protegidos. La votación fue de cuatro jueces a favor de la condena y uno en contra.
¿Qué sucede tras la condena?
El próximo paso en el proceso judicial es la publicación del acuerdo, un trámite que puede tardar hasta 60 días, aunque se espera que se concrete antes.
Una vez oficializada la decisión, las defensas del expresidente y de los demás condenados tendrán un plazo de cinco días para presentar recursos conocidos como embargos de declaración, que, en caso de ser admitidos, serán analizados nuevamente por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal en un máximo de dos sesiones.
Según la jurisprudencia brasileña, estos recursos no alterarán el fondo de la sentencia, solo sirven para solicitar aclaraciones y no permiten la posibilidad de reabrir el juicio ni realizar un nuevo análisis de las pruebas.

La condena aún no es firme, por lo que Bolsonaro no ingresará de inmediato en prisión. Actualmente permanece bajo arresto domiciliario en Brasilia
La sentencia firme se dicta cuando ya no hay apelaciones pendientes. Solo después de esto comienza a cumplirse la sentencia, bajo la jurisdicción del Tribunal de Ejecución Penal.
El lugar donde cumplirá la pena será definido en las próximas semanas. El tribunal debe decidir entre la cárcel de Papuda, en las afueras de la capital, o una dependencia especial de la Policía Federal, opción que se considera más probable por su condición de expresidente.
Según la legislación brasileña, podría pasar al régimen semiabierto tras cumplir un cuarto de la condena, lo que reduciría su tiempo en prisión efectiva a unos seis años.
La sentencia tiene consecuencias irreversibles para su futuro político. De acuerdo con la ley, Bolsonaro no podrá postularse a ningún cargo electivo hasta ocho años después de cumplir la pena, lo que en la práctica lo deja fuera de la vida política. Con 70 años de edad, solo podría volver a presentarse a elecciones en 2060.
Ante este escenario, sectores aliados al “bolsonarismo” buscan que el Congreso apruebe una ley de amnistía. Sin embargo, la medida no cuenta con apoyo asegurado y varios magistrados del Supremo ya advirtieron que no es posible perdonar delitos que atentan contra la democracia.
La sentencia también alcanzó a siete de sus principales colaboradores, entre ellos exministros, exjefes militares y exresponsables de inteligencia. Las penas oscilan entre 16 y 26 años de cárcel, además de multas millonarias. Todos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante ocho años.
Entre los condenados figuran el general Walter Braga Netto, exministro de Defensa, con 26 años de prisión; Anderson Torres, exministro de Justicia, con 24 años; Almir Garnier, excomandante de la Marina, con 24 años; y Augusto Heleno, exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional, con 21 años.
También recibieron sentencias Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; Alexandre Ramagem, exdirector de inteligencia; y Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, quien obtuvo una pena reducida por colaborar con la justicia.
El tribunal determinó que Bolsonaro y los demás acusados deberán pagar de manera solidaria una multa equivalente a unos 30 millones de reales (cerca de 6 millones de dólares) por los daños ocasionados. Además, rechazó cualquier posibilidad de indulto o amnistía por tratarse de delitos contra la democracia y la Constitución.