¿Por qué aceptamos la censura, que nos imbeciliza?

La lógica interna de cualquier administración es controlar aquello que administra. Eso implica que toda administración llegue a plantearse la posibilidad de censurar la oposición. Pero en una República, por el contrario, los responsables políticos tiene la obligación de controlar sus administraciones y de garantizar que estas respeten los principios deseados y aprobados por la población. Sin embargo, los Estados europeos –y particularmente Francia– abandonan los valores que ellos mismos forjaron algún día y no vacilan en ejercer a fondo la censura.

Thierry Meyssan (Red Voltaire).— En el mundo entero se celebra al filósofo francés Voltaire como el hombre que mejor supo defender la libertad de expresión y que nos llevó a verla como una condición previa para alcanzar el establecimiento de toda democracia. Así pensaba también Catalina II de Rusia (Catalina la Grande), quien dio albergue a Voltaire durante mucho tiempo. Y otro que también piensa de esa manera es J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, quien ha declarado que este «valor europeo entre los más fundamentales», «compartido con los Estados Unidos de América» está hoy «en retirada» [1].

En el siglo XX, los únicos que se opusieron a la libertad de expresión fueron los fascistas y los nazis. Según ellos, la unidad del pueblo era más importante que el debate público, que ellos veían como una fuente de división. La historia está plagada de los crímenes que perpetraron, no por convicción sino como consecuencia previsible de sus ideologías.

Tradicionalmente, en Estados Unidos no se tolera ningún límite a la libertad de expresión, mientras que en Francia las leyes establecen diferencias entre las opiniones, las injurias y la difamación.

Llegados a este punto es necesario que hagamos un paréntesis: en aras de garantizar que el hecho de prohibir la injuria y la difamación no pudiese utilizarse para restringir la libertad de expresión, nuestros antecesores habían previsto que todos los procesos judiciales sobre esta delicada cuestión se desarrollasen siempre ante jurados populares.

Pero ya no es así, desde la Segunda Guerra Mundial. Y, en la práctica el hecho de recurrir a jueces profesionales favorece la adopción de decisiones “orientadas” por el Estado.

Además, durante los últimos años, se ha reinstalado subrepticiamente un poder de presión del Estado y de la sociedad sobre la libertad de palabra. Poco a poco se han prohibido las opiniones que ciertos segmentos de la población consideran “chocantes”. Antes de la Revolución Francesa, en Francia se prohibían el “crimen de lesa majestad” y el sacrilegio. Pero el antisionismo no es una incitación al odio contra un grupo confesional o étnico sino una opinión política –compartida, por cierto, por numerosas personalidades judías israelíes. Y la “islamofobia” no es a menudo otra cosa que una crítica razonada del pensamiento musulmán, tan razonada como la crítica que suele hacerse del pensamiento cristiano.

Lo que tratan de prohibirnos no es, por consiguiente, un mensaje en particular sino más bien cualquier mensaje que cuestione “verdades” que se creen establecidas.

Veamos el problema en el otro sentido: la cuestión no es lo que se quiere prohibir sino los errores que esas prohibiciones tratan de proteger. El problema está en el hecho de creer que no debemos apartarnos de los prejuicios comunes.

Por ejemplo, el desarrollo de las civilizaciones depende grandemente del acceso a las fuentes de energía. Fue esa la causa del surgimiento de la esclavitud en la Antigüedad. Hoy utilizamos considerables reservas de gas y petróleo. La administración del presidente estadounidense George Bush hijo, dirigida en realidad por el vicepresidente Dick Cheney, estaba convencida de que el mundo estaba al borde del fin de la era de los hidrocarburos y de que había que apostar a fondo por las fuentes alternativas de energía.

Actualmente creemos que el gas y el petróleo –ya nadie dice que están a punto desaparecer– provocan el calentamiento climático… y creemos eso con un nivel de convencimiento comparable al de los galos que creían… que el cielo iba a caerles encima.

Pero el hecho es que el asunto del cambio climático no ha sido nunca objeto de un debate científico. Tanto China como Rusia, y también Estados Unidos, han abandonado la hipótesis que atribuye el cambio climático a la actividad humana. La Academia de Ciencias de Rusia apoya una teoría diferente para explicar el cambio climático. Pero esa teoría nunca ha sido presentada a la opinión pública mundial. La referencia mundial sigue siendo un grupo de delegados de las Naciones Unidas, el GIEC [2], que se compone exclusivamente de funcionarios de los Estados miembros. Algunos de esos funcionarios son científicos… pero todos son parte del GIEC como funcionarios que representan a sus respectivos gobiernos. Como nuestros medios de difusión nos remachan siempre la misma hipótesis, sólo despertaremos cuando Rusia, China y Estados Unidos ya se hayan organizado juntos, mientras que nosotros nos empobrecíamos por aferrarnos a una hipótesis no demostrada.

¿Otro ejemplo? Durante 80 años, Europa ha vivido más o menos bajo “protección” anglosajona. Y por eso apoyamos la organización del mundo según las “reglas” del G7, reglas que hemos aceptado libremente. Pero aceptamos esas reglas olvidando los principios del derecho internacional que Francia y Rusia crearon justo antes de la Primera Guerra Mundial –en la Conferencia de La Haya de 1899. Inicialmente se trataba de que los Estados se comprometieran a no comportarse como bárbaros, a no masacrar a los civiles durante las guerras. Fue entonces cuando se concibieron las «leyes de la guerra», cosa que nadie cuestiona… exceptuando a Estados Unidos e Israel, que han generalizado la tortura y que, al menos en el caso de Israel, recurre incluso al genocidio.

En otra conferencia posterior se subrayó que, para vivir en paz con sus vecinos, cada Estado tenía que respetar los compromisos que contraía. Con el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se proclamó, ¡proclamamos!, el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, o sea la descolonización. Pero los niños franceses de hoy ignoran que fue un francés, Leon Bourgeois (1851-1925) –jefe de gobierno, presidente de la Asamblea Nacional, presidente del senado francés, Premio Nobel de la Paz y figura central de la Tercera República Francesa (1870-1940), quien concibió los principios fundamentales del derecho internacional. A pesar de todo eso, el nombre de Leon Bourgeois ha desaparecido de los libros de historia de los escolares franceses.

Otro aspecto de la libertad de expresión es que a nadie debería ocurrírsele que el Estado publicara un periódico para darnos “su visión” de lo que pasa. Ciertamente, en el siglo XVII Théophraste Renaudot fundó en Francia un semanario, La Gazette, que prosperó con el apoyo del cardenal Richelieu –por entonces, jefe del gobierno. Pero en aquella época, aunque la imprenta ya permitía la publicación de periódicos, todavía no existían medios que permitieran llevarlos a todo el país. Pero hoy a nadie le parece fuera de lugar la existencia de un servicio público de radio y televisión.

En Francia acaba de estallar un escándalo provocado por la difusión de un video que muestra a 2 célebres personajes del “servicio público” de radio y televisión explicando a responsables de un partido político de oposición cómo piensan echar a pique la candidatura de un ministro al cargo de alcalde de París… manipulando a sus oyentes y telespectadores. ¿No debería el “servicio público” de radio y televisión ser un medio al servicio de todos, y no un instrumento de propaganda partidista?

De hecho en Francia tenemos una “Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Numérica” (ARCOM) encargada

1. de escoger a los directores del servicio público audiovisual,
2. de designar las televisoras privadas autorizadas
3. y de prohibir aquellas que no respetan la “deontología”.

En primer lugar, si hay que tener un “servicio público” de medios audiovisuales, es el gobierno quien debe designar a quienes van a dirigirlo, en vez de esconderse detrás de una “autoridad” administrativa. Acentuando todavía más la confusión, el Estado tiene 3 representantes entre los 9 miembros de ARCOM, pero en realidad se trata de dar una apariencia de justicia a decisiones que no respetan los principios del derecho a la defensa. Ahora, aunque nada justifica que el Estado intervenga en los medios audiovisuales, el Estado extiende los poderes de ARCOM a lo que se difunde a través de internet. Eso hace posible que una autoridad administrativa prohíba la difusión en internet de videos sin que exista ningún tipo de decisión restrictiva emitida por la justicia.

En segundo lugar, en el pasado había una cantidad limitada de canales a distribuir entre las radios y las televisoras, lo cual podía justificar que el Estado asumiera la prerrogativa de distribuir esos canales. Pero ya no existe esa limitación en cuanto a la cantidad de canales disponibles, así que el Estado no debería seguir decidiendo quién puede transmitir o no.

En tercer lugar, ninguna autoridad administrative debería disponer de un poder, similar al del poder judicial, que le permite prohibir un medio. En una democracia ese tipo de decisión sólo debería estar en manos de los tribunales, que sólo podrían ejercerla si existiese un crimen. Sin embargo, las televisoras Rusia Today (RT), C8 y NRJ 12 fueron prohibidas por ARCOM sin que hubiesen cometido delito.

Última observación: en Francia la presión fiscal sobre la prensa es tan grande que el Estado ha tenido que conceder a los periodistas condiciones especiales en aras de llegar a un equilibro económico que les permita seguir ejerciendo su actividad. Por ejemplo el impuesto sobre la prensa no es de 20% sino de 2,1%. Se ha creado una “Comisión Paritaria de Publicaciones y Agencias de Prensa” (CPPAP) para garantizar que ese privilegio fiscal se aplique únicamente a verdaderos órganos de prensa. Pero, en la práctica, esa comisión utiliza su poder para privar a ciertos órganos de prensa, de oposición, de la posibilidad de alcanzar un equilibrio financiero que les permita seguir funcionando.

Por ejemplo, la CPPAP se niega a reconocer el boletín informativo semanal confidencial Voltaire, Actualidad Internacional como publicación de prensa. Basándose únicamente en el nombre del redactor-jefe de Voltaire, Actualidad Internacional –el autor de este artículo–, la CPPAP afirma que esta publicación no es periodismo. Las minutas de la CPPAP muestran que los miembros de esa comisión ni siquiera han leído el contenido de la publicación.

El nivel de degradación de la libertad de expresión en Francia ya es incluso tema de reflexión para nuestros vecinos [3]. Como siempre, el regreso de la censura se instaura comenzando a prohibir cosas que la mayoría considera chocantes. En el siglo XVII el Estado prohibía la pornografía, en el siglo XXI no se habla de prohibir la pornografía sino de prohibir que los niños tengan acceso a ella.

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