Reclaman liberación de detenidos durante protestas en Ecuador

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Decenas de personas se concentraron en los exteriores de la Fiscalía General de Ecuador para pedir la liberación de 12 detenidos durante las protestas antigubernamentales en Otavalo, provincia de Imbabura en el contexto del paro nacional.

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Con las consignas de “Los comuneros no son terroristas” y “¡Libertad, libertad!”, los presentes rechazaron la detención y el procedimiento judicial en contra de los 12 aprehendidos, de la comunidad Kichwa de Otavalo.

En las avenidas Patria y 6 de Diciembre, de Quito, donde está ubicada la Fiscalía, los manifestantes realizaron rituales ancestrales y cánticos típicos de los pueblos originarios en rechazo a la acusación por terrorismo.

Los 12 jóvenes fueron detenidos el pasado lunes,luego del ataque a una estación policial, y fueron “trasladados arbitrariamente a las cárceles de Esmeraldas y Portoviejo”, según denunció la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

En ese sentido, Verónica Yuquilema, presidenta de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), observó que en la cárcel de Esmeraldas hubo una masacre que dejó 17 presos asesinados esta semana.

“El Gobierno está haciendo uso de armas legales preexistentes, sin embargo, el accionar de los compañeros no se configura con el tipo penal, son compañeros que estaban ejerciendo el derecho a la resistencia”, precisó la titular de Inredh.

Las protestas contra el Gobierno de Daniel Noboa llevan cinco días y se mantienen, principalmente, en provincias de la sierra y la Amazonía con bloqueos de carreteras y otras acciones en rechazo a la decisión del mandatario de eliminar el subsidio al diésel y otras de sus políticas.

Desde la provincia de Pastaza, mujeres amazónicas y ciudadanía realizaron este viernes una marcha en respaldo al paro nacional, en solidaridad con los pueblos en resistencia y por la libertad de los compañeros detenidos.

La Conaie también denunció la persecución por parte de la Fiscalía contra más de 50 dirigentes, entre ellos Marlon Vargas, presidente de la organización y también dirigentes regionales, equipos técnicos y defensores de derechos humanos y de la naturaleza.

“Se trata de un mecanismo más de criminalización y persecución política y judicial del gobierno de Noboa en complicidad con la Fiscalía, para frenar el paro nacional y deslegitimar nuestras demandas con falsas acusaciones, apuntó el movimiento indñigena

Mientras los colectivos sociales buscan presionar al gobernante, Noboa reparte bonos con ayudas para diferentes sectores advirtió que no dará marcha atrás con el fin de la subvención y a quien protagonice desmanes lo acusará ante la justicia por el delito de terrorismo.

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