La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) ratificó este domingo la continuidad del paro nacional que cumple siete días, manteniendo firme su exigencia al presidente Daniel Noboa de derogar el decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel.
En respuesta al enfoque agresivo adoptado por la administración ecuatoriana, el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas emitió una contundente declaración instando al Gobierno de Daniel Noboa a detener la represión y abrir un diálogo «genuino» ante la grave crisis social que vive el país.
Las manifestaciones, que han concentrado su fuerza en provincias como Imbabura, Pichincha y Cotopaxi, evidencian un pulso político intransigente, dado que el jefe de Estado se mantiene inamovible, aduciendo que dialogar con los manifestantes sería «atentar contra la democracia».
El Gobierno de Noboa, por su parte, endureció su discurso y su accionar, manteniendo a las fuerzas del orden desplegadas para evitar el bloqueo de vías, calificando cualquier intento de corte de circulación como inaceptable.
El presidente tomó la vocería directa de la crisis, marcando líneas discursivas fuertes que incluyen la aseveración de que prefiere «morir antes que retroceder» y vinculando a las movilizaciones con supuestos fondos de la minería ilegal e incluso con el grupo criminal transnacional «Tren de Aragua».
En el terreno de la protesta social, el líder de la Conaie, Marlon Vargas, exigió la liberación de alrededor de un centenar de detenidos reportados por el Gobierno, en un contexto donde el enfrentamiento escaló. La situación más violenta reportada ocurrió a inicios de semana en Otavalo, Imbabura, donde manifestantes atacaron un cuartel policial, resultando en daños de infraestructura y la quema de diez vehículos. Asimismo, en zonas comerciales se han generado fricciones entre los comerciantes que demandan tranquilidad y los manifestantes.
Como parte de una estrategia para desmovilizar la protesta, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra dirigentes de la Conaie, incluyendo a Vargas. A esta acción se suma la medida de la Superintendencia de Bancos, que sin orden judicial, congeló las cuentas de varios líderes y fundaciones vinculadas al movimiento indígena, un hecho que los afectados califican como una táctica de intimidación y criminalización.
Las acciones contra la protesta también han alcanzado a la libertad de expresión, luego de que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) suspendiera por quince días la señal de un medio de comunicación comunitario fundado por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). Dicha suspensión se basó en un informe «secreto» del Centro de Inteligencia Estratégica (CIE) que alegaba perjuicios a la «seguridad nacional» por las transmisiones emitidas.
Con ocho vías principales cerradas o parcialmente habilitadas este domingo en Imbabura, Pichincha y Zamora Chinchipe, la crisis se agudiza y la brecha entre el Gobierno y la Conaie parece insalvable. Mientras Noboa, apoyado por su equipo de seguridad y la portavoz de Carondelet, intenta desactivar la protesta con compensaciones y firmeza represiva, la Conaie mantiene la presión en las calles, advirtiendo que la escalada de la criminalización solo ahondará el conflicto social en el país andino.
