El Gobierno de Marruecos aprobó un incremento sustancial en el presupuesto destinado a educación y sanidad para el año fiscal 2026, que alcanzará los 140.000 millones de dirhams (aproximadamente 15.218 millones de dólares), en lo que representa un aumento del 19 % respecto al ejercicio anterior. La decisión fue adoptada durante el Consejo de Ministros celebrado este domingo 19 de octubre en Rabat, bajo la presidencia del rey Mohamed VI, tras presión por protestas populares.
Las líneas generales del proyecto de Ley de Finanzas contemplan la creación de más de 27.000 nuevos empleos públicos en los sectores de salud y educación. Esta medida se alinea con el discurso pronunciado por el monarca en julio, en ocasión del 26º aniversario de su entronización, donde instó a reforzar los servicios básicos como eje central del desarrollo nacional.
En el área de sanidad, el nuevo presupuesto permitirá inaugurar centros hospitalarios universitarios en Agadir y El Aaiún, completar obras en instalaciones médicas en Rabat y otras ciudades del interior, así como modernizar un total de 90 hospitales, según un comunicado oficial del Gabinete Real. En el ámbito educativo, se prevé avanzar en la universalización de la enseñanza preescolar, mejorar los programas de apoyo escolar y elevar los estándares de calidad en la formación.
Además de los recursos asignados a servicios sociales, el Consejo de Ministros dio luz verde a dos proyectos de ley orientados a facilitar la participación de jóvenes menores de 35 años en los procesos electorales y a reforzar la representación femenina en el Parlamento. Las reformas incluyen también disposiciones para endurecer las sanciones contra el fraude electoral.
Estas medidas se enmarcan en un contexto de agitación social protagonizado por el movimiento juvenil ‘GENZ212’, que desde el 27 de septiembre ha convocado protestas en diversas ciudades del país para exigir reformas en educación, sanidad, lucha contra la corrupción y mayor equidad territorial. Las movilizaciones han derivado en incidentes que dejaron al menos tres personas fallecidas, numerosos heridos y decenas de detenciones con penas que podrían alcanzar los 15 años de prisión.
Aunque las protestas disminuyeron en intensidad tras una pausa de ocho días, el movimiento volvió a manifestarse el pasado sábado 18 de octubre en urbes como Rabat y Casablanca. La presión social ha coincidido con el impulso gubernamental de un nuevo programa de desarrollo territorial, que buscará reducir las desigualdades regionales, fomentar la inversión privada y ampliar la protección social en todo el país.
