El expresidente de Colombia y cuadro de la ultraderecha colombiana, Álvaro Uribe, fue puesto nuevamente en libertad este martes por el Tribunal Superior de Bogotá. Ante esta decisión, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que la absolución contradice decisiones judiciales anteriores. Para Petro, «El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradice a la corte Suprema de Justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad».
La decisión judicial por la cual se revocó la histórica condena de 12 años de prisión domiciliaria que pesaba sobre el expresidente colombiano por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal implica su inmediata libertad, lo cual, para Gustavo Petro, sirve para tapar los vínculos entre la clase política y el paramilitarismo.
Minutos después de conocerse la absolución, el presidente Petro tomó su cuenta de X (antes Twitter) para lanzar un mensaje y consideró que el nuevo fallo sirve para ocultar «la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia».
La reacción tiene lugar luego de que lLa sala penal que absolvió a Uribe —compuesta por los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto— consideró que no existían pruebas suf|icientes para sustentar la condena impuesta en primera instancia el pasado 1 de agosto por la jueza Sandra Heredia. Aquel fallo había marcado un hito sin precedentes: era la primera vez que un expresidente colombiano era condenado a prisión.
La sombra de Trump y el llamado a la Plaza
El presidente colombiano introdujo en la ecuación al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien protagoniza una escalada en las redes sociales. «Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar», afirmó Petro.
La retórica escaló aún más con una referencia velada a un «golpe de estado» y al «desfalco del Fomag» (Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio), insinuando que sus opositores dentro del país están utilizando la maquinaria institucional para desestabilizarlo.
Frente a lo que percibe como una ofensiva de las élites tradicionales, Petro hizo un llamado directo a sus bases: «Así que ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo». Con esta premisa, convocó a una concentración masiva para este viernes en la simbólica Plaza de Bolívar de Bogotá, con un objetivo de largo alcance: «comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente». Esta movilización apunta directamente a la principal bandera política de Petro: la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Carta Magna.
El Caso Uribe
El origen de este caso se remonta a 2012, cuando Uribe, entonces senador, denunció al también senador Iván Cepeda por supuestamente manipular testigos para vincularlo con grupos paramilitares. La Corte Suprema de Justicia no solo archivó la denuncia de Uribe, sino que invirtió los papeles: encontró indicios de que el expresidente y su equipo habían montado un entramado para sobornar y presionar a testigos para que retractaran sus declaraciones o difamaran a Cepeda.
La pieza central de la investigación fue Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que acusó a Uribe de haber promovido la creación del Bloque Metro de las AUC. Monsalve declaró luego que fue instigado para cambiar su testimonio. Tras esta manipulación estuvo, según la justicia, el exabogado de Uribe, Diego Cadena, quien fue condenado el mes pasado a siete años de prisión por soborno y manipulación de testigos.
La condena de primera instancia a Uribe en agosto pasado parecía ser la culminación de este largo proceso. Sin embargo, la apelación de su defensa encontró eco en el Tribunal Superior de Bogotá, que ha devuelto al expresidente a la libertad y a la primera línea de la política nacional.
Pese a la absolución, Miguel Ángel del Río Malo, abogado que representa a las víctimas del conflicto en este proceso, fue contundente en la red social X: «Nos vemos en Casación. Esta batalla no ha terminado». Esto indica que la Fiscalía y las partes acusadoras llevarán el caso ante la Corte Suprema de Justicia, la misma que inició la investigación hace años, en una última instancia que promete prolongar esta batalla legal.
