Este martes 11 de noviembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados (MFAE) de la Autoridad Palestina condenó la decisión del Gobierno de ocupación israelí de desalojar a las familias Shweiki y Awdeh de su propiedad en el barrio de Batn al-Hawa, en Silwan, en Jerusalén Este ocupado, un acto que el MFAE considera un crimen cometido en beneficio de los colonos ilegales.
El ministerio acusó directamente a la organización responsable de la toma de las propiedades, «Ateret Cohanim», de ser una «organización terrorista» y «una de las organizaciones sionistas de asentamientos más peligrosas que operan en la Jerusalén ocupada». Afirmaron que Ateret Cohanim ha «encabezado planes para judaizar barrios palestinos» durante décadas, especialmente en Silwan y la Ciudad Vieja.
Los desalojos forzosos fueron calificados por el MFAE como una «política deliberada de limpieza étnica», señalando que, tras la expulsión de las familias el lunes 10 de noviembre, un grupo de colonos irrumpió en las viviendas y se instaló en ellas bajo la protección de las fuerzas policiales israelíes. Los afectados fueron 14 palestinos, entre ellos niños y ancianos.
La Organización No Gubernamental (ONG) Ir Amim también denunció el hecho, que el Ministerio interpreta como parte de un plan para «vaciar Jerusalén de sus residentes palestinos y sustituirlos por colonos». En un comunicado, el MFAE alegó que estas acciones, llevadas a cabo bajo la «protección de los tribunales racistas y las asociaciones de colonos de Israel», constituyen una «violación flagrante del derecho internacional humanitario».
El ministerio citó específicamente el Artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra (1949), que prohíbe a una potencia ocupante la expulsión y los desplazamientos forzosos de los habitantes de un territorio ocupado, y afirmó que tales actos son constitutivos de crímenes de guerra según el Estatuto de Roma (1998).
Este incidente se enmarca en un proceso más amplio en Batan al Hawa, donde ya 19 familias han sido desalojadas y más de cien residentes han perdido sus hogares. Decenas de otras familias palestinas enfrentan actualmente procesos de desalojo.
La organización de colonos Ateret Cohanim, en coordinación con autoridades estatales, está interponiendo numerosas demandas para confiscar sus hogares, lo que facilita la expansión de asentamientos en Jerusalén Este, considerados ilegales según el derecho internacional.
Los procesos judiciales se basan en una ley israelí que el MFAE califica de discriminatoria. Dicha legislación otorga a los judíos el derecho exclusivo de reclamar propiedades en Jerusalén Este que datan de antes de 1948 (la creación del Estado de Israel), un derecho que es negado a los palestinos.
El MFAE concluyó asegurando que intensificará sus esfuerzos para presionar a la comunidad internacional. El objetivo es que se tomen medidas ante esta «atrocidad», se exijan responsabilidades a Israel y se impongan sanciones a «grupos extremistas de colonos como Ateret Cohanim» para proteger a las familias palestinas amenazadas.
