Movimientos de la Resistencia palestina calificaron como un “crimen de guerra” y un “acto fascista” la aprobación en primera lectura por parte del parlamento israelí de una ley que autoriza la ejecución de prisioneros palestinos. La iniciativa, impulsada por la diputada Limor Son Har-Melech del partido Otzma Yehudit, recibió 36 votos a favor y 15 en contra en la Knesset.
La ley israelí de ejecuciones fue rechazada unánimemente por los movimientos palestinos, quienes alertan que la normativa legaliza el asesinato sistemático y convierte a los tribunales militares en meros instrumentos para una “muerte legalizada”.
La resistencia palestina denunció que la ley no solo refleja la naturaleza racista de la ocupación, sino que también legitima formalmente el asesinato de detenidos bajo el marco jurídico estatal.
En este contexto, el movimiento Hamás denunció que la iniciativa «constituye una extensión del enfoque racista y criminal del gobierno sionista, y un intento de legalizar el asesinato sistemático y masivo de nuestro pueblo palestino que vive bajo la ocupación».
Además de señalar que la medida viola el derecho internacional, hicieron un llamado a formar «comisiones internacionales de investigación para visitar las cárceles de la ocupación y examinar las condiciones de nuestros prisioneros, quienes son sometidos a tortura y abusos sistemáticos y oficiales, lo que ha provocado la muerte de decenas de ellos».
En tanto, la Yihad Islámica interpretó la legislación como una peligrosa escalada dentro de la práctica sistemática de “exterminio y limpieza” contra el pueblo palestino. El Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) la calificó directamente como “crimen de guerra con todas las letras” y un “paso fascista”.
Además, los grupos denunciaron que la ley abre la puerta a la ampliación de las políticas de “muerte lenta” en las cárceles israelíes, mediante tortura y negligencia médica premeditada. También señalaron el silencio de la comunidad internacional como una forma de participación efectiva en el crimen, al no adoptar medidas concretas para impedir su avance.
La propuesta legislativa se enmarca en un contexto de creciente extremismo en la política israelí, con ministros del gobierno actual defendiendo abiertamente el reasentamiento de colonos y la expansión de asentamientos en Cisjordania ocupada, además de pedir la continuidad de la campaña genocida en la Franja de Gaza.
Aunque aún debe superar una comisión parlamentaria y dos lecturas adicionales para su aprobación final, la iniciativa ha sido condenada por organizaciones de derechos humanos globales por violar el derecho internacional humanitario.
