El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha quedado visto para sentencia en el Tribunal Supremo. Se le acusa de un delito de revelación de secretos vinculados al fraude fiscal del novio de Ayuso.
Es evidente que asistimos a una pelea por arriba entre PP y PSOE: uno aprovecha el banquillo del fiscal general para desgastar al Gobierno; el otro se envuelve en la defensa institucional de la Fiscalía para presentarse como garante del “Estado de derecho”. Nada de esto toca la vida diaria de la mayoría trabajadora: salarios, vivienda, listas de espera, precariedad…
Con todo, no deja de ser significativo que el fraude con el negocio de las mascarillas, las mordidas en los contratos y el soborno a directivos de Quirón se silencien, mientras se concentra el foco en una filtración de información. ¿El problema fue la reacción ante esos hechos, y no los hechos mismos?
Mientras tanto, el poder económico real —grandes empresas, sanidad privada, fondos, constructoras— sigue ganando como nunca bajo el tan denostado “sanchismo”. Y, aun así, hay sectores “peperos” muy activos en la judicatura y en los aparatos del Estado empeñados en sacar al PSOE del Gobierno… sin que el PSOE haya nacionalizado ni una sola empresa. Imaginemos qué ocurriría si hubiera un gobierno que se planteara controlar bancos, energía o sanidad privada. En este escenario, pensar que el voto puede lograr un cambio real es, como mínimo, ingenuo.
En todo caso, el proceso contra el fiscal general derriba, una vez más, el mantra de la supuesta “independencia judicial”. Algo que ahora algunos periodistas “progresistas” parecen ahora descubrir escandalizados, pero que en el Estado español la verdadera oposición (comunistas, sindicalistas, independentistas, etc.) lleva décadas sufriendo en carne propia.
