Juan Luis Corbacho (Unidad y Lucha).— Es de agradecer que este gobierno, progresista como solo él puede ser, haya ampliado (o lo va a hacer, que igual no se aprueba) el permiso retribuido por fallecimiento a 10 días.
También es importante que dicha ampliación no distingue entre los grados de consanguinidad respecto al fallecido y también se crea un permiso por muerte perinatal de 5 días. Dicho de otra manera, un permiso para aquellos padres que hayan perdido al “nasciturus” (al feto) a partir de la semana 22 de gestación hasta los primeros 7 días de vida del recién nacido.
“Pido a los empresarios que tomen esta medida con cariño”, ha declarado Yolanda Díaz en RTVE. La progre más progre sigue con lo suyo, nada de peleas con la patronal.
De derogar la reforma laboral de 2012 siguen sin decir nada; de subir los salarios, ídem de ídem. Que a estas alturas el SMI ya se queda muy corto para pagar el alquiler.
Desde nuestra perspectiva, los permisos no son una conquista genuina de la clase trabajadora, sino una concesión reformista del capital para preservar el sistema de explotación. Y así se viene demostrando: cambiar todo para que nada cambie, con independencia de que, como hemos visto otras veces, estas concesiones desaparecen con los cambios de gobierno.
Estos permisos no alteran la propiedad privada de los medios de producción, que es la base de la explotación. Por tanto:
Mantienen la plusvalía: El salario que se paga durante el permiso es una fracción del valor que el trabajador genera cuando está en su puesto. La lógica de extracción de plusvalía sigue intacta. Es un coste asumible para el capital a cambio de paz social y reproducción de la fuerza de trabajo. Tampoco está claro si ese aumento de días los va a pagar la ya diezmada tesorería de la Seguridad Social.
No cuestionan la división sexual del trabajo: Aunque formalmente se otorgan a todos los géneros, en la práctica, los roles de género patriarcales (funcionales al capitalismo) harán que sigan siendo principalmente las mujeres quienes asuman los cuidados. La «conciliación» se convierte en una carga individual que no desafía la estructura familiar burguesa ni socializa el trabajo doméstico y de cuidados.
La idea que subyace es siempre la misma: fortalecer el capitalismo dándole un rostro más humano, integrando el descontento en el sistema legal burgués y desarmando el potencial revolucionario de la clase obrera.
El gobierno actúa como un administrador inteligente del capitalismo en crisis. Sabe que el malestar es profundo, pero en lugar de atacar sus causas (la propiedad capitalista, la extracción de plusvalía, el poder patronal), ofrece soluciones que no cuestionan el modelo:
- Concede «tipo» en lugar de «riqueza». Es más barato para el sistema dar días de permiso que subir salarios o bajar el precio de la vivienda.
- Responde a demandas «culturales» o «de identidad» (derechos de conciliación, igualdad de género en los permisos) porque no alteran la propiedad. En cambio, huye de las demandas «económicas» (derogación total de la reforma laboral, control de alquileres, salarios dignos) porque tocan los privilegios del capital.
- Divide la conciencia de clase. Mientras los trabajadores discuten si 5 o 10 días de permiso son mucho o poco, su atención se desvía de la pregunta fundamental: ¿por qué seguimos siendo asalariados, que no controlamos lo que producimos ni cómo se distribuye la riqueza que generamos?
La auténtica lucha de clases no es por más permisos dentro del sistema, sino por el poder para decidir qué se produce, cómo se produce y para qué se produce. El resto son concesiones tácticas del enemigo de clase.
