El Congreso de Colombia aprobó de manera definitiva la ratificación de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, una norma que marca un cambio estructural en la política de seguridad y soberanía, en un país que por décadas ha visto cómo miles de sus ciudadanos eran captados para conflictos en el extranjero.
El proyecto, tramitado bajo el número 156 de 2024 en el Senado y 579 de 2025 en la Cámara, se convirtió en una prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien insistió en que el fenómeno del mercenarismo es una forma contemporánea de trata humana, donde jóvenes vulnerables terminan convertidos en “mercancías para matar”.
La nueva ley, impulsada por el Ministerio de Defensa y un bloque parlamentario progresista, establece un marco legal robusto para perseguir a quienes reclutan, financian, entrenan o utilizan mercenarios, al tiempo que reconoce que muchos de los involucrados en estos circuitos han sido víctimas de engaños, redes transnacionales y organizaciones criminales.
El Gobierno dejó claro que la responsabilidad penal recae ahora sobre quienes operan estas estructuras, no sobre quienes fueron captados de manera fraudulenta, lo que evita criminalizar a quienes terminan atrapados en contextos de explotación.
El debate legislativo avanzó en medio de crecientes denuncias sobre la presencia de colombianos en guerras ajenas, como ocurrió en 2025 con reportes de combatientes en Sudán, lo cual activó las alarmas institucionales por el riesgo de que ciudadanos colombianos sean utilizados como brazos armados en conflictos que nada tienen que ver con la nación.
En ese contexto, el Ejecutivo sostuvo que esta norma es indispensable para proteger la reputación internacional de Colombia, impedir la operación de empresas fachada y evitar que la Fuerza Pública del país sea asociada con redes privadas de violencia global.
El espíritu de la ley también apunta a ordenar y supervisar las actividades de las compañías de seguridad privada, un sector que en los últimos años ha sido utilizado para reclutar exmilitares bajo contratos ambiguos que terminan en escenarios de guerra. Para el Gobierno, este tipo de prácticas no solo erosionan la seguridad, sino que comprometen la soberanía nacional y exponen al país a violaciones del derecho internacional.
Las organizaciones de derechos humanos han celebrado la aprobación del proyecto, señalando que representa un avance para enfrentar la economía clandestina del mercenarismo y para crear un marco que permita desmantelar redes que operaban con total impunidad.
El presidente Petro destacó que ninguna democracia puede permitir que sus jóvenes sean utilizados como piezas desechables en conflictos ajenos y subrayó que la aprobación de la ley demuestra el compromiso del país con la paz y la defensa del derecho internacional.
La ratificación también fortalece los canales de cooperación judicial con otros Estados, lo cual permitirá perseguir a reclutadores que operen desde el extranjero, y abre la puerta a protocolos de extradición cuando sea necesario.
El desafío ahora será garantizar que la norma se aplique de manera estricta, fortalecer los mecanismos de control y avanzar en programas sociales que ofrezcan alternativas reales a los exmilitares y jóvenes que en el pasado fueron blanco de estas redes.
