Representantes de esas entidades sanitarias que mantienen convenios con el IESS aseguran que se vieron obligados a detener sus servicios debido a la deuda que el Estado mantiene con ellos desde el año 2023.
“Perjudicados son los pacientes (…) ¿Cómo podemos seguir atendiendo así? A nosotros nos deben más de tres millones de dólares”, afirmó Jimmy Ruilova, uno de los prestadores citado por la prensa local.
Señaló que el retraso ha conllevado al despido de personal y a que varias unidades médicas privadas que mantienen convenios con el IESS operen con recursos propios.
En la ciudad costera de Guayaquil también hubo protestas similares y allí, según reportes de medios digitales, uniformados lanzaron gas lacrimógeno e intimidaron con motos a los manifestantes. En Ecuador, el IESS mantiene convenios con clínicas y hospitales privados —conocidos como prestadores externos— para cubrir la atención de afiliados cuando la red pública no tiene capacidad.
Estos centros brindan servicios y luego facturan al IESS, que debe reembolsar los costos en plazos establecidos, sin embargo, los reiterados atrasos en los pagos han generado acumulación de deudas millonarias.
A eso se suma el desabastecimiento y la falta de insumos en la red de centros administrados por el Ministerio de Salud Pública.
La semana pasada, el Observatorio Nacional de Enfermedades Catastróficas alertó sobre una grave crisis que pone en riesgo la vida de miles de pacientes.
En medio de las críticas, este lunes el Gobierno prorrogó por otros 30 días la declaratoria de emergencia para la compra de medicamentos e insumos.
La Alianza Nacional por la Salud consideró que entre los problemas del sector está la inestabilidad con los ministros de Salud Pública, cartera que el presidente Daniel Noboa encargó a su vicemandataria, María José Pinto.
