Fraude electoral en Honduras: paralización del escrutinio y pedido de nulidad agravan incertidumbre en los hondureños

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El consejero del CNE, Marlon Ochoa, denunció un golpe electoral y afirmó que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares es una «verdadera trampa».

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A una semana de las elecciones presidenciales en Honduras, la población hondureña sigue sin conocer los resultados de los últimos comicios debido a la paralización del escrutinio electoral por supuestos problemas técnicos, las reiteradas denuncias de fraude y de injerencia extranjera en el proceso comicial.

 

Sobre la parálisis de los cómputos del proceso electoral, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, atribuyó la caída del sistema de escrutinio, más de 24 horas después de que se cayó, a «problemas técnicos ajenos al pleno«.

Hall declaró a medios locales que quería «dejar muy claro que este CNE tiene la voluntad firme de que la divulgación sea continua«, pero que la falla ha obedecido a «problemas técnicos ajenos al pleno» y «ajenos a nuestro equipo técnico, y propios de la empresa adjudicada, para disminuir la incertidumbre» entre los hondureños.

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Durante el sábado, el CNE comunicó que «ante las demoras en el procesamiento de los resultados electorales y la indisponibilidad de la página de divulgación de resultados» ha acordado una prórroga de dos días y medio para interponer acciones de nulidad administrativa, hasta el mediodía del 8 de diciembre.

El organismo electoral anunció también haber acordado una prórroga para revisiones y recuentos especiales, que vence a la medianoche del 15 de diciembre.

La paralización del escrutinio, ha generado fuertes críticas y acusaciones, entre ellas la del consejero del CNE, Marlon Ochoa, quien denunció un golpe electoral y afirmó que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) es una «verdadera trampa».

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Ochoa advirtió el jueves pasado que esta podría ser «la elección menos transparente» y la «más manipulada de nuestra historia democrática», y enumeró varios puntos que sustentan la denuncia de golpe electoral, entre ellos la eliminación del control biométrico, las actas erróneas, adulteración automática del número de votos, fraude automatizado y transferencia de votos, y retención de actas cruciales.

Nueva denuncia de intervención extranjera

La confesión del asesor argentino, Fernando Cerimedo contratado por el Partido Nacional es una nueva muestra de la injerencia extranjera en las últimas elecciones hondureñas.

El abogado hondureño Ric Soto publicó un tuit en donde el argentino Cerimedo confiesa haber metido mano para provocar el tuit de Donald Trump a favor del candidato Nasry Asfura.

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De acuerdo al abogado hondureño, la revelación del asesor argentino basta para acreditar la intervención extranjera en el proceso electoral, una conducta expresamente prohibida por la ley.

Ante esta situación, el Ministerio Público, la Cancillería, el Congreso y la Corte Suprema de Honduras tienen la obligación de actuar de inmediato a favor de los hondureños.

Partido Libre solicita nulidad del escrutinio electoral

En medio de la incertidumbre por la parálisis del conteo de votos, el Partido Libertad y Refundación (Libre) solicitó al Consejo Nacional Electoral de Honduras la nulidad del escrutinio de los comicios, señalando el «desastre» en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

«Se presenta acción de nulidad administrativa de los escrutinios practicados por las 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el nivel electivo presidencial, ante el desastre del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)», se lee en el documento presentado por el abogado Edson Javier Argueta, apoderado legal de Libre.

Ante las demoras de los resultados y las evidencias de irregularidades, la acción de nulidad presentada por el abogado de Libre solicita al CNE que, de declararse con lugar la acción, se «reponga la elección en todas y cada una de las juntas receptoras de votos» por «graves hechos» que califica de «violatorios de la Constitución y la Ley Electoral de Honduras; reglamentos y resoluciones» y que han llevado a «la alteración de la voluntad soberana del pueblo hondureño».

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