A un año de la desaparición y posterior muerte de cuatro menores del barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunció la falta de respuesta oportuna y la inacción del Estado ecuatoriano. Ismael, Josué, Nehemías y Steven fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 por integrantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), un hecho capturado por cámaras que fue vital para evitar que el caso quedara en la impunidad.
En una rueda de prensa en Quito, Ingrid García, coordinadora ejecutiva de Inredh, fue categórica al afirmar que “la desaparición forzada se quiere negar desde el poder”. García señaló que, a pesar de la existencia de procesos judiciales, las autoridades castrenses y los abogados de los uniformados han intentado sistemáticamente impedir que el caso sea declarado como desaparición forzada a través de un hábeas corpus, cuya decisión se encuentra en manos de la Corte Constitucional.
La activista de derechos humanos aseguró que, durante todo el proceso, las familias de los jóvenes han sido víctimas de la omisión y el ocultamiento de información, sin que se haya ofrecido una disculpa pública o una respuesta real sobre lo ocurrido. Esta falta de transparencia se extiende a un patrón de abusos, pues la organización denunció al menos otras 33 desapariciones con características similares en las provincias costeras del país.
García explicó que los hechos cumplen con los tres elementos esenciales establecidos por el derecho internacional para catalogar una desaparición forzada: la privación de la libertad, el ocultamiento deliberado de información oficial y la participación comprobada de agentes estatales en el crimen. Este marco legal internacional respalda la exigencia de justicia de las víctimas y de las organizaciones civiles.
El caso de Las Malvinas se enmarca en la controvertida estrategia de seguridad militarizada implementada por el presidente Daniel Noboa desde enero de 2024, cuando decretó un «conflicto armado interno» contra el crimen organizado. Defensores de derechos humanos han advertido que esta militarización sirvió como excusa para excesos y un uso desproporcionado de la fuerza, abriendo la puerta a graves violaciones.
Mientras el juicio contra los 17 militares implicados en la muerte de los jóvenes sigue su curso, con una petición fiscal de 34 años y ocho meses de prisión, la Mesa de Solidaridad por los Cuatro de las Malvinas criticó el «silencio inaceptable» del presidente Noboa. El colectivo denunció que, en un intento por justificar la detención arbitraria, se buscó «criminalizar a los niños», y convocó a movilizaciones y vigilias en varias ciudades para exigir verdad, justicia y garantías de no repetición.
