Productores de soya del municipio de San Juan, en Santa Cruz, dieron un ultimátum de 72 horas al Gobierno boliviano, liderado por el presidente Rodrigo Paz, exigiendo una solución a la escasez de diésel y la caída del precio interno del grano.
De no resolverse ambos problemas, el sector amenaza con bloquear carreteras y tomar pozos petroleros de manera indefinida. El principal punto de preocupación es la falta de diésel, un hidrocarburo vital cuya carencia está paralizando la maquinaria agrícola e impidiendo a los agricultores avanzar con las faenas de producción.
En cuanto a la caída en el precio de la soya, de acuerdo con la agricultora Elsa Coca, esa situación no se registraba en años. El sector exige al Ejecutivo que establezca controles efectivos para garantizar el abastecimiento de carburante y evitar un mayor perjuicio a esta rama clave de la producción agropecuaria y pilar de la economía cruceña.
Hasta el mediodía de este lunes, el Gobierno nacional no había emitido una respuesta oficial a las demandas de los soyeros. El silencio se produce a un mes de que el presidente Rodrigo Paz asumiera el cargo junto a su vicepresidente, Edmand Lara, el 8 de noviembre, día en el que el mandatario prometió garantizar una normal provisión de carburante.
En su momento, Paz aseguró que cisternas de hidrocarburos estaban ingresando al país desde la fecha de su juramentación para disminuir la escasez. Incluso fue captado frente a un convoy de cisternas que arribó a la planta de Senkata. Sin embargo, diversos sectores de la economía, incluidos transportistas, expresan actualmente inquietud por la persistente carencia.
El malestar del sector soyero se suma a una ola de críticas a las primeras decisiones del Gobierno. Más de 60 sindicatos nacionales y organizaciones como la Confederación Única de Campesinos han expresado su rechazo, al considerar que los decretos económicos de Paz favorecen a sectores privilegiados y dejan de lado a las mayorías.
Vicente Choque, vicepresidente de los campesinos, denunció que las medidas económicas «simplemente favorecen a ellos, pero menos a la gente campesina», en alusión a la rapidez con que el Gobierno atiende las preocupaciones empresariales en contraste con las del sector popular.
Choque recordó que la pérdida de más de 3.000 hectáreas de cultivos por lluvias en el Chapare no recibió ayuda gubernamental. «Necesitamos de carácter urgente ahora para recuperar algunas producciones fertilizantes. No hay nada», señaló, evidenciando el abandono del sector tras las emergencias.
Adicionalmente, advirtió sobre la estrategia discursiva del Gobierno, cuyo mensaje que describe al país como una «cloaca y un cadáver» tendría un objetivo oculto: predisponer a la población a aceptar la privatización de empresas estatales y la cesión de recursos naturales estratégicos al control privado.
