La expansión de los asentamientos ilegales israelíes en el territorio palestino ocupado de Cisjordania escaló a niveles sin precedentes, según el último informe presentado por el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, ante el Consejo de Seguridad.
El documento advierte que la cifra de licitaciones de vivienda aprobadas por Israel superó todos los registros desde que la ONU comenzó su monitoreo sistemático en 2017, como evidencia de su política ilegal de robo de tierras palestinas, contra las normas internacionales.
El informe de Guterres confirmó que, solo en el transcurso de 2025, el régimen de Tel Aviv aprobó alrededor de 47.390 unidades habitacionales destinadas a colonos, un número que representa casi el doble de las 26.170 unidades aprobadas durante el año anterior. Esta alarmante cifra contrasta fuertemente con el promedio anual que se mantuvo en aproximadamente 12.800 unidades entre 2017 y 2022, que ya reflejaba violaciones del Estado israelí contra los derechos de soberanía y libre determinación de los palestinos.
El titular de la ONU condenó de manera enérgica la continua y acelerada expansión colonial israelí, una práctica que incrementa las tensiones regionales y restringe el acceso de la población palestina a sus legítimas tierras. Guterres fue claro al señalar que estas construcciones ilegales comprometen la viabilidad de establecer un Estado palestino que sea realmente soberano e independiente.
Además, el Secretario General advirtió que tales medidas consolidan la ocupación ilegal israelí, constituyendo una flagrante violación tanto del derecho internacional como del derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación. Por ello, instó a las autoridades israelíes a poner fin de forma inmediata a toda actividad de asentamientos en los territorios ocupados.
En un contexto de agravamiento de la situación, Guterres también expresó su preocupación por el «aumento alarmante» de la violencia ejercida por los colonos, documentando ataques que se producen en la presencia, e incluso con el respaldo tácito, de las fuerzas de seguridad israelíes. Asimismo, lamentó las operaciones militares que han dejado «numerosas víctimas mortales, entre ellas mujeres y niños», y la destrucción de infraestructuras y viviendas palestinas.
Por su parte, el movimiento Hamás se sumó al repudio internacional el pasado viernes 12 de diciembre, condenando la aprobación para la legalización de 19 nuevos asentamientos en Cisjordania anunciada por el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich. Hamás tachó la medida como una peligrosa intensificación del proyecto de anexión y judaización, y un reflejo del carácter extremista del actual gobierno que percibe la tierra palestina como un «botín colonial».
Estos crímenes en Cisjordania resuenan con la denuncia emitida recientemente por el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). La agrupación señaló que el silencio y la inacción de la comunidad internacional ante el desastre humanitario y el genocidio en Gaza se han convertido en una abierta complicidad con la política criminal del régimen israelí, provocando un colapso ético y moral del sistema de valores globales.
