Edurne Batanero (Unidad y Lucha).— Desde el día de acción por el aborto libre, seguro y gratuito, han ocurrido distintos sucesos que vemos necesario reunir y analizar, para ser conscientes de cuáles son los pasos adelante y atrás que vive este derecho fundamental en nuestros días.
Por un lado, en Vitoria comenzó el 17 de noviembre el juicio donde por primera vez veintiún integrantes de grupos antiaborto, bajo los cuales se esconde una ultraderecha cada vez más organizada contra los derechos de las mujeres, responderán en el juzgado por el acoso en una clínica a trabajadoras y mujeres que acudían a interrumpir su embarazo. Se les acusa de un delito de coacciones, introducido en 2022 en el Código Penal (artículo 172) para penar el acoso a estas clínicas y que, hasta ahora, no ha servido para cumplir su objetivo.
Mientras tanto, continúa el tira y afloja de el PP madrileño y el Gobierno central del PSOE por la publicación de la lista de objetores, como se aprobó en la ley 1/2023 de salud sexual y reproductiva, y con el requerimiento del 14 de octubre de 2025, donde se dio un mes de plazo para que Aragón, Baleares y Madrid, las únicas comunidades que no habían elaborado el registro de objetores, lo hiciera.
Ayuso ha cumplido su negativa a no entregarlo, por lo que se ha activado la vía judicial y la ministra de Sanidad asegura que se llevará un proceso contencioso-administrativo. Pese a que la creación de este registro de objetores a realizar IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) viene del Consejo Interterritorial, donde salió adelante con el voto a favor de todas las comunidades, incluida Madrid, lo cual demuestra hasta qué punto es una nueva carta que el PP madrileño decide jugar contra el Gobierno, donde quienes pierden son los derechos reproductivos y sexuales, y la sanidad pública.
Detrás de estos movimientos hay claros intereses políticos que están haciendo cuestionable un derecho tan universal como el de la propia agencia sobre el cuerpo y la reproducción.
Queda claro con la maniobra del PSOE de enmarcar el derecho al aborto en el artículo 43 de la Constitución española, cuando por su relación con la salud no debería salir del artículo 15, con una protección más amplia, y que supondría un cambio en la jurisprudencia a peor.
El derecho al aborto libre, seguro y gratuito no debe estar en ningún capítulo que no sea de derecho fundamental. Así se reivindicó por parte del movimiento feminista cuando se aprobó la Constitución y su inclusión entre los Principios rectores no lo protege ni permite su exigencia ante tribunales, pasando también la regulación sobre el a ley Ordinaria y no Orgánica, que necesita de una mayoría menor para modificarla, lo cual supone un riesgo alto viendo el panorama parlamentario actual.
El PSOE intenta vendernos una inclusión del derecho al IVE en la Constitución, cuando realmente solo lo desprotegerían más, abriendo nuevas formas para desmantelarlo para la derecha, una táctica política que puede acabar en que un derecho que ya es difícil ejercer en el Estado español, lo sea aún más.
Cada día que juegan con los derechos de las mujeres en sus batallas parlamentarias, las que más perdemos somos las mujeres de clase trabajadora; cada día que esos mismos derechos los defienden y atacan las mujeres burguesas a las feministas de clase no nos queda otra que responder, que traer la defensa de los derechos reproductivos y sexuales a la militancia y conciencia de cada día.
Porque cada vez que ponen en juego por sus tácticas políticas nuestra capacidad de decidir, sigue recayendo en el derecho de agencia sobre nuestros cuerpos, en la sanidad pública y su desmantelamiento, y fortaleciendo a la derecha y ultraderecha vinculada a la Iglesia y la reacción patriarcal.
