Continúa este martes una jornada de nuevas movilizaciones en Bolivia contra el Decreto Supremo 5.503, normativa que elimina los subsidios a los carburantes y ha generado un fuerte rechazo social. Las protestas, concentradas principalmente en la ciudad de La Paz, fueron reprimidas por la Policía Boliviana con el uso de gases lacrimógenos, lo que derivó en enfrentamientos que dejaron al menos 12 personas detenidas.
En medio del conflicto, los sectores movilizados denunciaron que el Gobierno de Rodrigo Paz se niega a abrir una negociación real para revertir la medida, pese al impacto que tendría en el costo de vida de la población.
Dirigentes sindicales y sociales sostienen que el Ejecutivo ha cerrado la puerta al diálogo y mantiene una postura inflexible frente a las demandas planteadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores.
Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo se pronunció con profunda preocupación por los episodios de violencia registrados durante las movilizaciones.
El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a todas las partes involucradas a frenar las acciones violentas y a retomar las conversaciones con responsabilidad. En ese sentido, reiteró “que el diálogo debe ser priorizado como el único mecanismo democrático y pacífico para la resolución de la conflictividad”.
La institución informó además que, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, realiza el seguimiento del debido proceso de las 12 personas arrestadas durante los disturbios en la sede de Gobierno.
La Defensoría también verificó la situación médica de un profesor universitario adulto mayor que sufrió una lesión luego tras el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno. El afectado fue trasladado al Seguro Social Universitario, donde permanece hospitalizado y presenta una evolución favorable, según el informe de los médicos.
En relación con las huelgas de hambre, la institución visitó los tres piquetes instalados en La Paz y reportó la baja médica de Julia Copa García, quien fue diagnosticada con gastroenteritis aguda y un cuadro de deshidratación.
El rechazo al Decreto Supremo 5.503 se debe a que la eliminación de los subsidios a los combustibles impacta directamente en el precio del transporte, los alimentos y los servicios básicos, afectando de manera desproporcionada a los sectores populares y a los trabajadores. Sindicatos y organizaciones sociales advierten que la medida provocará un encarecimiento general del costo de vida y profundizará las desigualdades económicas.
Los dirigentes del movimiento obrero en la nación sudamericana sostuvieron que la norma busca facilitar la cesión de los recursos naturales a corporaciones extranjeras, a través de mecanismos acelerados de aprobación que permitirían su explotación sin los controles habituales.
Pese a las protestas, el Gobierno descartó derogar el decreto. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que la norma no será abrogada, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar algunos de sus artículos.
