Alejandro Moreno (Unidad y Lucha).— En estos tiempos de inestabilidad política, corrupción generalizada y una distancia abismal de los representantes políticos institucionales con las masas, unido a un Estado cuya única función es favorecer el dominio de los monopolios contra las conquistas obreras y gestionar la crisis del capital, aparecen iniciativas que buscan teñir al Régimen del 78, y a sus partidos, con un manto de “democracia”.
Está circulando una petición dirigida a los partidos de la coalición gubernamental para derogar la Ley Mordaza. Este gesto, aparentemente de presión, desnuda en realidad una dinámica perversa y cíclica: la de unos movimientos sociales que, al limitarse a exigir a la «izquierda institucional», se convierten en comparsa voluntaria de los mismos poderes que dicen combatir. Esta petición muestra la perdida de la potencia política autónoma de la clase obrera y sus organizaciones, que abdican de su papel histórico para asumir el de simple grupo de presión.
El cinismo de la situación es monumental. Los partidos ahora interpelados —PSOE, Sumar y sus socios— no solo incumplieron su promesa electoral de derogar esta ley, sino que la han empleado sistemáticamente contra la propia clase trabajadora y los movimientos sociales. – Palestina, Cádiz, etc.- ¿Qué credibilidad puede tener una exigencia dirigida a los mismos arquitectos y beneficiarios de la represión? Esta petición opera en el mismo plano ilusorio que pretende mejorar el «tejido democrático» sin cuestionar el andamiaje represivo del Estado, reforzando así, aunque sea de forma involuntaria, la legitimidad de un régimen que necesita de leyes como la Mordaza para perpetuarse.
El núcleo de la crítica no reside en el objetivo concreto —la derogación es una demanda justa y necesaria— sino en la lógica política de la súplica. Al transformar una lucha popular en un «recordatorio» de promesas a partidos institucionales, los movimientos firmantes caen en la trampa de buscar una acción propositiva dentro del marco establecido, cediendo así su iniciativa. La exigencia de que estos partidos asuman el coste de las multas, calculado según su representación parlamentaria, es la culminación de esta deriva. Reduce la lucha contra la represión a una mera cuestión contable y presupuestaria dentro de la lógica del Régimen del 78, alejándose de una confrontación política real.
Este enfoque revela un error estratégico sobre el papel de los movimientos sociales, los sindicatos de clase y las organizaciones políticas obreras. Su función no es ser la conciencia incómoda. Su razón de ser es la organización autónoma, la movilización independiente y la creación de un poder popular alternativo. Un movimiento que de verdad busque tumbar la Ley Mordaza debería organizar y movilizar a las masas, así como vincular esta ley con la defensa de la monarquía, la OTAN y la UE, pilares del mismo sistema que necesita reprimir para gobernar.
Las conquistas sociales no se ganan en los pasillos del Congreso, se arrancan con la lucha en las calles, en los centros de trabajo y en los barrios, enfrentando abiertamente al Estado y sus leyes. Seguir el camino de la petición dirigida al gobierno es condenarse a un ciclo infinito de promesas incumplidas, desmovilización y frustración. Es aceptar el papel de «testigos», en el mejor de los casos.
La tarea urgente es rechazar este papel de comparsa. Los movimientos sociales, el movimiento obrero, deben construir su propia agenda política y sus propias estructuras de poder popular. El papel del Partido debe ser acompañar, promover y dirigir ideológicamente las luchas del movimiento obrero para que eviten ser la comparsa “social” del Régimen del 78. Ese es el objetivo que el PCPE busca con la articulación del Frente Obrero y Popular por el Socialismo. Ese el motivo por el que cada militante comunista orientando una lucha concreta es un peligro para el Régimen del 78. Sin sectarismo, ni dogmatismo, pero con los principios claros, es como se impone la intervención comunista en estos tiempos de incertidumbre.
