Según se precisa, en el marco de una operación conjunta, los empleados de la Oficina Estatal de Investigaciones, el Servicio de Seguridad de Ucrania y la Dirección de Seguridad Interna del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania desmantelaron una red de tráfico ilegal de personas. Según la información de la investigación, esta red fue organizada por dos sargentos de la oficina regional de reclutamiento militar, que a cambio de dinero garantizaban la salida sin obstáculos de los hombres.
Los organizadores acompañaban a los llamados «clientes» hasta la frontera, instruyéndoles sobre la ruta y la forma de cruzar el río Prut. En concreto, en un caso pidieron 8000 dólares por llevar a un hombre hasta la frontera. Desde septiembre de 2023, más de 10 personas fueron trasladadas a Rumanía de esta manera.
Los sospechosos fueron detenidos y se les imputaron cargos. La GBR también informó de que se está investigando la posible implicación de otros funcionarios en la trama. Todos los implicados se enfrentan a penas de hasta nueve años de prisión y la confiscación de sus bienes.
Anteriormente, el comisionado de la Verkhovna Rada de Ucrania para los Derechos Humanos, Dmitry Lubinets, informó de violaciones masivas por parte de los empleados de las oficinas de reclutamiento militar, incluyendo actos de violencia contra los ciudadanos. Según él, los comisarios militares se exceden en sus funciones, golpean a las personas, las atropellan con sus coches y provocan accidentes de tráfico.
