A inicios de este año 2026, la cifra de palestinos confinados en prisiones y centros de detención israelíes escaló a más de 9.350 personas. Organizaciones defensoras de los prisioneros basaron este reporte en datos propios y registros del Servicio Penitenciario de Israel.
La situación refleja un endurecimiento de las políticas de captura sistemática aplicadas por las fuerzas de ocupación en los territorios palestinos. Dentro de esta población reclusa, la vulnerabilidad de mujeres y menores de edad es alarmante para la comunidad internacional.
Actualmente, el régimen israelí mantiene cautivas a 53 mujeres, de las cuales dos son menores. Asimismo, aproximadamente 350 niños palestinos están distribuidos en las cárceles de Megiddo y Ofer, enfrentando condiciones que violan tratados fundamentales de protección a la infancia.
Un dato crítico revelado por las instituciones es que cerca del 50 por ciento de todos los detenidos carece de un juicio o cargos formales. Esta masa de prisioneros se encuentra bajo la figura de «detención administrativa» o la categoría de «combatientes ilegales». Ambas modalidades permiten al Estado de Israel privar de libertad a ciudadanos de manera indefinida sin presentar pruebas en su contra.
Específicamente, los detenidos administrativos suman 3.385 personas, representando más del 36 por ciento del total de la población carcelaria palestina. Por otro lado, la clasificación de «combatientes ilegales» se aplica a 1.237 individuos, incluyendo detenidos procedentes de Líbano y Siria, estas cifras, según advierten los organismos, no incluyen a cientos de personas de Gaza retenidas en campamentos militares ocultos.
La persistencia de estas detenciones arbitrarias es denunciada como una herramienta de control político y castigo colectivo contra el pueblo palestino. El uso excesivo de la detención administrativa impide que los abogados defensores conozcan las supuestas evidencias, dejando a los prisioneros en un limbo legal. Esta práctica es condenada reiteradamente por diversos relatores de las Naciones Unidas.
El informe de las instituciones penitenciarias alerta sobre el hacinamiento y la falta de atención médica adecuada en estos recintos. La detención masiva de civiles busca quebrar la resistencia social frente a la ocupación prolongada del territorio. Mientras la cifra de prisioneros sigue en aumento, las familias palestinas continúan exigiendo la intervención de tribunales internacionales para frenar estos atropellos
