Tribuna Popular. – El pasado miércoles 28 de enero, organizaciones políticas, sindicales y sociales agrupadas en el Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo realizaron una concentración frente a la sede de la Defensoría del Pueblo, en Caracas, donde consignaron un documento dirigido al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, para exigir un pronunciamiento público ante la grave situación política, social y de derechos humanos que atraviesa el país.
Durante la actividad, las y los manifestantes denunciaron que Venezuela se encuentra ante un escenario de extrema vulnerabilidad de la soberanía nacional y de los derechos democráticos, como consecuencia tanto de la agresión militar de los Estados Unidos como de la conducta del actual gobierno venezolano frente a dicha agresión.
En el documento entregado, las organizaciones firmantes rechazaron de manera categórica el ataque militar perpetrado por fuerzas estadounidenses la madrugada del 3 de enero de 2026, que dejó instalaciones civiles y militares bombardeadas, un número indeterminado de víctimas fatales —que, según fuentes extraoficiales, superaría el centenar— y el secuestro de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, trasladados a una cárcel de máxima seguridad en Nueva York.
Las organizaciones denunciaron que esta acción forma parte de una estrategia imperialista de dominación regional, impulsada por el gobierno de Donald Trump, y advirtieron que lo ocurrido en Venezuela constituye un precedente peligroso para toda América Latina y el Caribe. En ese sentido, llamaron a la organización y articulación de los pueblos del continente para enfrentar los intentos de sometimiento colonial.
Asimismo, expresaron una posición crítica frente a la respuesta del gobierno venezolano, tanto antes como después del ataque militar. Señalaron la ausencia de una política real de defensa de la soberanía que incorporara al pueblo organizado y denunciaron que, tras el bombardeo, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez ha asumido una actitud de colaboración abierta con los Estados Unidos, mientras Washington pretende decidir sobre la administración del país y sus recursos estratégicos.
En particular, alertaron sobre la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que —según denunciaron— abre las puertas a la privatización del petróleo en beneficio de grandes transnacionales y del propio gobierno estadounidense, profundizando una condición de tutelaje inaceptable para la nación venezolana.
Las organizaciones exigieron a la Defensoría del Pueblo cumplir con su mandato constitucional y garantizar los derechos y libertades políticas, de modo que el pueblo venezolano pueda expresarse, movilizarse y deliberar libremente frente a la agresión externa, las negociaciones en curso y las políticas del gobierno nacional.
En ese marco, demandaron el cese inmediato de la represión, la libertad plena de todos los presos políticos, la restitución de los derechos democráticos y el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución, que establece el derecho de la clase trabajadora a un salario suficiente, equivalente al costo de la Canasta Básica.
“No es como protectorado de los Estados Unidos ni bajo un gobierno subordinado a Trump que el pueblo venezolano recuperará sus derechos y mejorará sus condiciones de vida”, afirmaron las y los voceros durante la concentración, subrayando que los problemas del país deben ser resueltos por los venezolanos y venezolanas, con soberanía, participación democrática y control popular sobre los recursos nacionales.
La jornada culminó con la exigencia expresa de un pronunciamiento público del Defensor del Pueblo frente a las demandas planteadas, al tiempo que se corearon consignas contra la agresión imperialista, el colaboracionismo gubernamental y la criminalización de la protesta social.
