No sólo los imperialistas imponen sanciones. En enero de 2022 la Unión Económica y Monetaria de África Occidental, en coordinación con la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao), también impuso a Mali sanciones de una severidad sin precedentes.
Las sanciones son siempre las mismas: cierre de fronteras, confiscación de los activos estatales malienses depositados en el Banco Central de los Estados de África Occidental y la suspensión de las transacciones comerciales y financieras.
Tres años después el gobierno de transición de Bamako, que denunció inmediatamente estas medidas, ha obtenido el reconocimiento de la ilegalidad. El tribunal comunitario con sede en Uagadugú emitió su fallo el miércoles, revocando las sanciones adoptadas en la cumbre extraordinaria de Accra.
Los jueces aceptaron el argumento presentado por Mali: la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno se había reunido en Ghana, mientras que el artículo 114 del tratado de la UEMAO exige que dichas reuniones se celebren en el territorio de un Estado miembro. Esta irregularidad procesal ha sido suficiente para invalidar la decisión.
El truco, característico de leguleyos, encubre los verdaderos motivos de la sentencia: han pasado tres años y el nuevo gobierno de Mali se ha consolidado, mientras la Cedeao se tambalea cada vez más.
Pero aparte de los resquicios formales, el tribunal también planteó una cuestión de fondo. La UEMAO, cuyo enfoque principal sigue siendo monetario y económico, carecía de competencias para imponer las sanciones de la Cedeao. La organización africana se extralimitó al actuar como instrumento financiero de las decisiones que correspondían a otro organismo regional.
Ya en febrero de 2022, tan solo unas semanas después de la entrada en vigor de las sanciones, el gobierno maliense encargó a un equipo de seis abogados que llevara el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Económica y Monetaria. La demanda argumentaba que las medidas violaban las normas comunitarias, en particular las disposiciones que garantizaban la independencia del Banco Central de los Estados de África Occidental.
Las sanciones se levantaron en julio de 2022, pero el proceso judicial continuó. El fallo condena a la Conferencia de Jefes de Estado al pago de las costas. Surte efecto a partir de la fecha de la sentencia y no es retroactivo.
Para el gobierno de transición de Bamako, que ha calificado constantemente estas sanciones de “inhumanas e ilegales”, el reconocimiento judicial supone un respaldo impoprtante.
Cada 14 de enero Mali celebra el “Día Nacional de la Soberanía Recuperada” en memoria de la masiva movilización popular contra las sanciones, que afectaron gravemente a la población.
