Javier Martorell (Unidad y Lucha).— La crisis de la vivienda en el Estado español no es una anomalía, ni una consecuencia inevitable de factores técnicos o demográficos. Se trata de una expresión directa de las contradicciones del capitalismo, un ejemplo evidente de cómo la lógica de la acumulación de capital entra en conflicto directo con las necesidades materiales del pueblo trabajador. La vivienda, lejos de ser un derecho social básico, ha sido transformada en una mercancía estratégica para la obtención de beneficios, sometida a la especulación y al saqueo sistemático.
Los datos no dejan lugar a dudas. Mientras millones de trabajadoras y de trabajadores arrastran serias dificultades para acceder a una vivienda digna, a lo largo del territorio español se acumulan más de tres millones de casas deshabitadas, en su mayoría en manos de grandes propietarios, bancos, fondos de inversión y sociedades inmobiliarias. A su vez, el precio del alquiler experimenta una escalada de subidas muy por encima del crecimiento de los salarios, obligando a amplios sectores de la población a destinar entre el 40 % y el 60 % de sus ingresos al pago de la vivienda. Esta situación es insostenible y constituye una de las más significativas variables que abocan al empobrecimiento estructural de la clase trabajadora.
La llamada “crisis habitacional” es, en realidad, una manifestación concreta de la lucha de clases. La burguesía utiliza la vivienda como mecanismo para la acumulación de capital y como herramienta de sometimiento social, mientras la clase trabajadora ve deterioradas sus condiciones de vida, sus planes de futuro y su capacidad de organización. Jóvenes que no pueden emanciparse, personas y familias obligadas a compartir vivienda o trabajadoras y trabajadores migrantes sometidos a condiciones de hacinamiento y precariedad extrema. Todo ello sin olvidar la creciente cifra de población para quienes la única opción es vivir sin techo.
La escasez de vivienda no es real, sino artificialmente creada. La retención especulativa de viviendas vacías, el acaparamiento por parte de fondos buitre y la proliferación del uso turístico responden a una lógica: reducir la oferta para elevar los precios y maximizar beneficios. En este proceso, el Estado burgués actúa como garante de los intereses del capital, ya sea mediante marcos legales favorables a la especulación, la ausencia de un parque público de vivienda adecuado a las necesidades del pueblo trabajador o la represión directa sobre quienes no pueden pagar.
En este contexto, los desahucios constituyen una de las expresiones más violentas de esta ofensiva. Cada lanzamiento no es un “conflicto entre particulares”, sino un acto de violencia de clase, en el que el aparato jurídico y represivo del Estado se pone al servicio del capital. La vivienda se protege como activo financiero, mientras se niega como derecho social. Esta contradicción es inherente al sistema y no puede resolverse sin cuestionar sus bases.
Las soluciones reformistas, basadas en incentivos al mercado o en regulaciones parciales han demostrado su fracaso. El capital siempre encuentra la forma de sortear los límites cuando su tasa de ganancia está en juego. Por ello, resulta imprescindible avanzar hacia medidas que rompan con la lógica especulativa: la expropiación de viviendas vacías en manos de grandes propietarios, bancos y fondos buitre; la creación y regulación de un amplio parque público de vivienda; la prohibición del uso turístico de viviendas residenciales; o el control efectivo de los precios del alquiler. Estas y más son las medidas que hay que tomar, el resto no es otra cosa que mero maquillaje para disimular la cara más voraz del capitalismo.
Pero estas medidas solo podrán darse organizando a las masas. La historia demuestra que ningún derecho ha sido otorgado sin confrontación. La vivienda no será una excepción. Defenderla como derecho implica confrontar, sin tregua, a quienes la utilizan como instrumento de especulación. Organización y lucha, única alternativa para que la vivienda deje de ser un negocio y pase a convertirse en un derecho garantizado para todas y todos.
