Pensar con el otro, decidir con el otro, gobernar con el otro. En Venezuela eso no es un ideal programático sino una práctica que ocurre en asambleas comunales, mesas de trabajo y circuitos de deliberación popular a lo largo de todo el país. El pueblo se piensa a sí mismo como poder y desde ahí actúa.
Desde ya, esas comunas llevan a la séptima Consulta Popular Nacional 36.000 proyectos postulados desde las bases. No es una cifra de gestión; es la medida de un proceso que lleva dos décadas demostrando que la democracia directa tiene escala, tiene suelo y tiene nombre propio.
El fundamento está en la Constitución Bolivariana de 1999, que convirtió la participación popular en mecanismo real de gestión pública. No una concesión desde arriba, es una arquitectura levantada por capas, durante años. Los Comités de Tierras Urbanas fueron una de sus primeras expresiones visibles: vecinos organizados que mapearon su propio entorno, identificaron sus problemas y reclamaron soluciones con nombre y dirección. De ahí surgió algo más sofisticado, la Cartografía Social, herramienta que permitió a cada comunidad reconocerse en su geografía, trazar sus nudos críticos y convertir ese conocimiento en poder de decisión. Estos son, apenas, dos ejemplos concretos.
Ese espíritu, tomado de Simón Rodríguez, es la herencia práctica del comandante Hugo Chávez. El proceso fue madurando hasta llegar a la Comuna como expresión más acabada: el núcleo político que invierte la pirámide tradicional del poder y sitúa al Estado al servicio del pueblo organizado. El actual Plan de las 7 Transformaciones 2025-2031 lleva ese principio a su forma más precisa con el nombre de «gobierno obediencial», donde el mandato asciende desde las comunidades que gobiernan lo suyo junto a la dirección del Gobierno revolucionario.
Ese modelo no nació en calma ni se sostiene sin costo. Durante 25 años, el proceso bolivariano resistió golpes de Estado, sabotaje económico, violencia callejera, intentos de magnicidio y asesinatos selectivos, todos con el auspicio de Washington y sus aliados regionales. El 3 de enero de 2026 fue, en esa secuencia, el capítulo más audaz.
Gobernar bajo fuego
Un ataque terrorista golpeó Caracas y otras localidades del país. El presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores fueron secuestrados durante un operativo de las fuerzas especiales estadounidenses. Una agresión sin precedentes en la historia reciente de la República.
El ataque, sin embargo, no cerró ahí. El periodistas venezolano, Clodovaldo Hernández, documenta lo que vino después como una segunda ofensiva de la maquinaria mediática hegemónica, más silenciosa y no menos calculada, sostenida en la mentira sistemática, la tergiversación y el silencio estratégico. Su propósito apuntó directo a fracturar el Estado venezolano, debilitar los movimientos sociales revolucionarios y aislar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El poder imperial, escribe Hernández, actúa desde la ventaja que tiene todo secuestrador sobre quienes esperan noticias de la víctima.
Frente a ese asedio, el pueblo comunero venezolano responde con lo que mejor sabe hacer: organizarse y gobernar. El mismo que conoce cada calle, cada campo y cada carencia de su entorno es también el que lee con claridad lo que se mueve en el continente, y reconoce, tras 25 años de revolución, la mano de quienes nunca han dejado de buscar el control del país.
El mapa que Washington
Tres días antes de la consulta, el 5 de marzo en Florida, el secretario del Departamento de Guerra Pete Hegseth presentó ante la Americas Counter Cartel Conference (Conferencia Anticartel de las Américas) el concepto que su gobierno llama «Gran Norte América»: todo el territorio al norte del ecuador —desde Groenlandia hasta Ecuador, desde Alaska hasta Guyana— como perímetro inmediato de seguridad estadounidense.
La geografía, en ese relato, se vuelve argumento de dominio. «Cada uno de estos países bordea el Atlántico Norte o el Pacífico Norte», afirmó Hegseth. «Cada uno se ubica al norte de las dos grandes barreras geográficas de la región: el Amazonas y los Andes. Es geografía básica que deberíamos enseñar más en las escuelas». El Amazonas y la Cordillera andina como fronteras naturales de la influencia estadounidense. El resto, vecindario administrable.
Hegseth citó la Doctrina Monroe de 1823 con evidente satisfacción y declaró que «el presidente Trump la ha restablecido», tachando —nuevamente— al socialismo latinoamericano de «narco-comunismo radical» y descartando como «falsa soberanía» todo proyecto político que no se alinee con Washington.
Su lenguaje no sorprende a todos por igual. A comienzos de febrero, el internacionalista Stephen M. Walt había publicado en Foreign Affairs el diagnóstico que muchos en Washington prefieren no pronunciar en voz alta: «hegemonía depredadora». Su texto, El hegemón depredador: cómo Trump ejerce el poder estadounidense, es obra de una de las voces más respetadas del pensamiento estratégico estadounidense, y su lectura coincide punto por punto con lo expuesto ese día en Florida: no seguridad hemisférica sino administración de los recursos, la infraestructura y la geografía de otros pueblos como activos propios.
Es en ese contexto donde cobra su verdadera dimensión lo que ocurre el 8 de marzo en Venezuela.
Lo que ese mapa no registra es lo que ocurre simultáneamente al Sur. Mientras gobiernos de la región como los de Milei, Noboa, Kast, Asfura y otros aplican recortes, desmantelan derechos y concentran el poder en pocas manos, en Venezuela miles de asambleas comunales deliberan sobre infraestructura, salud, agua y vida cotidiana. Sin élites que decidan por el resto. Con comunas que planifican y ciudadanos que gobiernan lo suyo.
Es el modelo que sembró el comandante Chávez y que el proceso revolucionario profundiza sin abandonar su raíz: la convicción de que una sociedad más justa es la que se construye, con herramientas propias, en el suelo propio, a ritmo propio. Simón Rodríguez lo dijo antes que nadie: inventamos o erramos.
En estas horas, con 36.000 proyectos y más de cinco mil comunas en marcha, ese mismo pueblo exige la liberación inmediata de su presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Venezuela no responde solo a Hegseth ni a su Gran Norte América. Demuestra, con la contundencia de los hechos, que existe otra forma de organizar la vida colectiva. Una que el continente, en medio de tanto ruido, todavía puede escuchar.
