La vía judicial impulsada por una pareja de rumanos residente en Suecia para poder recuperar el vínculo con sus dos hijas mayores, separadas por decisión del Estado, encontró el rechazo de la Corte Europea de Derechos Humanos, que calificó al caso como «inadmisible».
Bianca y Daniel Samson buscan recuperar la custodia de sus dos hijas mayores, Sara, de 11 años, y Tiana, de 10, luego de que en diciembre de 2022 el Estado sueco decidiera quitarles la custodia. El caso se inició cuando la mayor de ellas denunció en la escuela que sus padres rechazaban darle un teléfono y le prohibían usar maquillaje, lo que dio lugar a acusaciones de «extremismo religioso», ya que asistían a la iglesia tres veces por semana.
Así lo explicó la Alianza en Defensa de la Libertad Internacional (ADF por sus siglas en inglés), cuyos abogados asesoran a los progenitores. Según se indicó, la separación forzada continúa pese a que las acusaciones no fueran confirmadas y los fiscales no encontraran evidencias de abuso.
«El elemento de discriminación religiosa también es inconfundible en este caso. El Estado etiquetó a la familia como extremistas religiosos únicamente por su práctica activa de su fe cristiana», expresó Guillermo Morales Sancho, asesor legal de ADF.
En la actualidad, la pareja solamente puede tener una visita supervisada por mes, lo que se dificulta por el hecho de que las niñas fueron alojadas en diferentes hogares adoptivos.
La postura judicial
La Corte Europea desestimó el caso al considerarlo «inadmisible», por no haberse agotado los medios legales en Suecia. Según ADF, el tribunal explicó que no consideraba que hubiera una violación aparente del derecho al respeto a la vida privada en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos y sugirió que se podrían plantear cuestiones relativas a la libertad de religión ante los tribunales nacionales. Sin embargo, el equipo legal que asesora a los padres consideró que ya no quedaban instancias para litigar a nivel local
«Lamentamos profundamente la decisión de la Corte de rechazar este caso, considerando que esta familia ha estado dividida durante más de tres años, a pesar de una investigación completa que absolvió al señor y la señora Samson de cualquier abuso», manifestó Morales Sancho. Además, destacó que los servicios sociales «certificaron su capacidad y aptitud para la crianza», al tiempo que defendió que «las familias deben ser libres de vivir según sus convicciones sin temor a perder sus hijos ante el Estado».
