Directivas europeas de progresivo desmantelamiento del ferrocarril, aplicadas por el Estado en forma de políticas de privatización, un constante riego de millones de euros en licitación a las grandes empresas del IBEX y grupos filiales, y, por supuesto, corrupción generalizada. Son algunos de los elementos que podemos situar como inherentes al progresivo deterioro que ha sufrido el ferrocarril en España, todo ello en connivencia, a lo largo de los años, de los diferentes gobiernos, independientemente de su signo.
La fiebre de la Alta Velocidad, una fiebre que no se puede separar del pelotazo urbanístico y la llamada “burbuja inmobiliaria”, donde las grandes constructoras de este país a través del compadreo y una corrupción generalizada se abren camino a licitaciones muy jugosas, millonarias, para la adjudicación de la construcción de grandes líneas sin apenas criterios de necesidad. La existencia de una red convencional que ya conectaba capitales con los pueblos habría sido suficiente para vertebrar el territorio si las inversiones hubiesen ido a parar a la mejora del mantenimiento y renovación de algunos tramos, pero aquí no se gana dinero, eso lo saben las grandes constructoras. Es por ello que se ha dejado de lado la vasta red convencional sin apenas inversión en renovación y mantenimiento para llevar todo el dinero a las obras de nueva construcción del Alta Velocidad. Una vez construidas las nuevas líneas, continúa la privatización, ya que el mantenimiento de la infraestructura recae sobre grupos empresariales privados (Comsa, Acciona, Tecsa, Vías y Construcciones grupo ACS, Copasa, Sacyr, Ferrovial, Azvi, etc.) mediante contratos, en los que se reduce al mínimo el control y coordinación con ADIF.
Las empresas ACS, FCC, Ferrovial, Sacyr, Acciona y OHLA más grupos filiales (flor y nata de la oligarquía en España) fueron multados por asociarse en un cártel en el cual se informaban de licitaciones para obras públicas y que, en connivencia con políticos de diferente signo, se repartían el dinero público como si de un pastel se tratase, un pastel del cual todos pueden comer y salir ganando. No se vio apenas en los medios, porque entre otras cosas, ellos también los controlan. Ni qué decir que estas multas a día de hoy tampoco han sido sufragadas y quizás veamos que jamás se paguen.
El Estado allanó y preparó el terreno para la liberalización y apertura de las líneas de Alta Velocidad a operadoras privadas. Para ello bajaron hasta en un 40 % los cánones que habrían de pagar estas empresas (Iryo, Ouigo y la, de momento pública, Renfe) por el uso de la infraestructura ferroviaria, un dinero que se deja de recaudar y reinvertir en su mantenimiento. A la par supuso un aumento más que significativo del tráfico ferroviario de la infraestructura viaria, que en un afán descontrolado de explotar al máximo las líneas y poner trenes con la misma frecuencia que cercanías, requeriría de un mantenimiento asociado a la par de este aumento de circulaciones, algo que hemos visto que no sucedió. Y es que en cuanto la empresa privada entra en escena, la obligación o la vocación de servicio público desaparecen y priman los beneficios por encima de ofrecer un servicio de calidad. Años de denuncias por parte de los trabajadores y sindicatos evidencian tras la tragedia ocurrida en Adamuz o Gelida, que la privatización conlleva a un laxo mantenimiento, y esto tiene unas consecuencias en las que se llevan vidas por delante.
Como vemos, la privatización tiene consecuencias, entre ellas la precariedad del servicio y de los derechos de los trabajadores, así como consecuencias más graves como los accidentes que hemos visto estos días atrás, mientras las grandes empresas del IBEX siguen chupando miles de millones de euros sin ningún tipo de consecuencia, ya que, pese a tener parte de culpa en las tragedias ocurridas, no han sufrido consecuencia alguna y serán las que cobren millones por la reparación de las líneas ferroviarias. Por ello es necesario luchar y defender un modelo de ferrocarril público, seguro y de calidad para beneficio del conjunto de la clase obrera y no para especulación y beneficio de los grandes monopolios del sector.
Arturo (trabajador ferroviario)
