Francisco García Cediel (E.O.P. n.º 117).— Hay artículos en la vigente Constitución que son meramente cosméticos, destinados a embellecer un texto cuyo núcleo es la defensa de la propiedad privada, la indisoluble unidad del Estado, el papel de las Fuerzas Armadas como vigilante de dicho objetivo y la propia monarquía.
Entre ellos destaca el artículo 47, que alude al derecho a una vivienda digna, hermoso principio que cede ante una realidad en la que priman los intereses especulativos de Bancos, Fondos Buitre y rentistas.
No importa que veamos cotidianamente a personas durmiendo en la calle, nos ampara el dichoso artículo 47. La sociedad funciona mejor cuando se finge que todas las personas importan.
En líneas generales, probablemente el problema de la vivienda sea el que genera una mayor preocupación social. Se trata en el fondo de una consecuencia de pertenecer a la clase obrera; la pérdida del trabajo deriva en la imposibilidad de pagar la renta o la hipoteca, lo que acaba en desahucio.
Es el capitalismo, que somete todo a la voracidad del poder económico. Por ello, sorprende como, desde ámbitos supuestamente progresistas, gobierno incluido, se apela a la “humanidad” de la Banca pidiéndole autocontrol, impulsando pequeñas medidas paliativas que a la larga mantienen la preeminencia de rentistas y fondos especulativos.
Se trata de mostrar sensibilidad social sin abordar la base del problema, el propio sistema.
Estos discursos se oyen con profusión en los procesos electorales; ni tirios ni troyanos plantean sustraer el derecho a techo de la dinámica del beneficio empresarial. Todo lo más se plantea fomentar la construcción de viviendas, sean éstas libres o sociales, que en cualquier caso casi nadie podrá pagar, y obviando que sacar vivienda pública no asegura que ésa no termine en manos de fondos de inversión, tal como ha ocurrido por ejemplo en la ciudad de Madrid.
Como decía Jim Thomson “las telas de los disfraces son distintas, pero proceden del mismo telar”.
El Código Penal, fiel escudero del poder, actúa encausando a quienes protestan frente a las consecuencias de este estado de cosas. El pasado diciembre de 2025, 19 activistas de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Zaragoza fueron juzgados por una serie de protestas frente al inminente desahucio de uno de ellos, ante una sucursal de CaixaBank, que culminó en una protesta pacífica en el interior de dicho local. La sentencia, dictada a finales de enero de este año, les condena a 6 meses de multa a cada uno por “desórdenes públicos”.
Curiosamente, la tan ensalzada Constitución no acudió en ayuda de los acusados; los artículos que consagran la libertad de reunión y expresión ceden ante el poder fáctico del capital especulativo (como Dios manda, dijo aquel).
Se trata de generar una pedagogía de la resignación, aguantar en silencio perder la vivienda; algo que la propaganda del sistema intenta presentarnos como un fracaso personal. Es algo así como que mañana duermo al raso, pero vivo en el mejor de los mundos.
A título de curiosidad, la página web de la Fundación La Caixa señala como una de las actividades de ésta ayudar a las personas en riesgo de exclusión social. ¿Dudamos que los desahucios generan riesgo de exclusión social? Podemos, si se me permite la digresión afirmar que las personas de la PAH de Zaragoza comparten la finalidad proclamada por la Fundación La Caixa, y han sido condenadas por ello.
En mi opinión, la sentencia, previsible por otro lado (la sombra de CaixaBank es muy alargada), choca con la percepción social respecto al problema de la vivienda. Para las gentes trabajadoras escaso o nulo es el reproche social por una protesta en defensa del derecho a un lugar digno donde vivir (me refiero al derecho de verdad, no al que proclama pomposamente la Constitución).
Al contrario del objetivo implícito de la condena, disuadir a quienes osen protestar frente a los desahucios, considero que la actividad de las 19 de Zaragoza es digna de encomio y un ejemplo a seguir. Los delitos de hoy son los derechos de mañana, por más que, como era previsible, la justica ha amparado los intereses de una empresa del IBEX35, una de las dueñas de este Estado.
