El movimiento indígena de Brasil celebra los primeros años de gestión del Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI) con avances en la demarcación de tierras y mayor participación política, revirtiendo políticas de desmantelamiento de derechos bajo administraciones anteriores.
El Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI) de Brasil presenta un balance positivo de gestión tras sus primeros años, marcando una ruptura con las políticas de desmantelamiento de derechos que caracterizaron los períodos de Michel Temer y Jair Bolsonaro.
Esta reanudación histórica, impulsada por el movimiento indígena, evidencia el compromiso del actual Gobierno con la protección territorial y la integración de las comunidades originarias.
Según datos de Brasil de Fato, 20 tierras indígenas han sido aprobadas y 21 ordenanzas declarativas firmadas, consolidando importantes avances en la protección de los territorios ancestrales.
La gestión, previamente liderada por Sônia Guajajara, destaca también el progreso en doce procesos de instrucción para la expulsión de invasores y la recomposición de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), fortaleciendo la infraestructura institucional clave para la defensa de los derechos indígenas.
El protagonismo político de los pueblos indígenas ha alcanzado niveles sin precedentes. Kleber Karipuna, coordinador ejecutivo de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), señala que nunca antes en la historia de la República se había logrado tal proporcionalidad de indígenas ocupando cargos estratégicos en el Estado.
Esto incluye posiciones fundamentales en la Secretaría de Salud Indígena y en las coordinaciones regionales, lo que permite incidir directamente en las políticas públicas que afectan a sus comunidades.
La salida de Sônia Guajajara del ministerio, para buscar la reelección como diputada federal por São Paulo, es parte de una estrategia para fortalecer la presencia del movimiento indígena en el Poder Legislativo. Los líderes del sector afirman que la disputa institucional tanto en el Ejecutivo como en el Congreso es vital para consolidar el concepto de «pueblo del Estado» y asegurar que las demandas territoriales ingresen por la «puerta principal» de los centros de poder, desafiando la hegemonía del agronegocio.
Pese a los logros significativos, la demarcación de tierras sigue siendo la principal demanda insatisfecha. El movimiento indígena considera que el ritmo de las aprobaciones presidenciales y las declaraciones de límites por parte del Ministerio de Justicia es inferior al esperado. Karipuna atribuye este bloqueo a la «interferencia política» y a la dificultad del Gobierno central para enfrentar los poderosos intereses del agronegocio y la especulación territorial, que dominan gran parte de la Legislatura.
