Amir Saeid Iravani.— Es con el mayor sentimiento de urgencia y dando seguimiento a nuestras comunicaciones anteriores que atraigo su atención y la de los miembros del Consejo de Seguridad sobre los casos, antiguos y nuevos, de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de actos de terrorismo y de crímenes de guerra perpetrados por Estados Unidos y por el régimen israelí en el marco de ataques deliberados e indiscriminados contra civiles e infraestructuras esenciales en la República Islámica de Irán.
El 1º de abril de 2026, ataques aéreos estadounidenses tomaron deliberadamente como blanco el puente B1 que conecta Karaj con Teherán, una arteria importante de la red de transporte civil que vincula Teherán con su suburbio occidental. Esta infraestructura esencial fue golpeada durante varias oleadas de ataques, lo cual provocó su destrucción parcial y dejó numerosas víctimas entre la población civil. Este ataque perturbó gravemente un eje de circulación civil esencial, causó importantes daños en las zonas residenciales vecinas y saturó los servicios civiles de urgencia.
Este crimen odioso, abiertamente reconocido por el Presidente de Estados Unidos en una declaración pública publicada en las redes sociales, fue seguido, el 4 de abril de 2026, de ataques deliberados contra la zona económica especial petroquímica de Mahchahr, en la provincia de Kuzestán –un polo estratégico de la infraestructura industrial energética iraní que da empleo a numerosos civiles. Los primeros informes confirman que varias instalaciones petroquímicas fueron afectadas, lo cual provocó escapes de substancias químicas peligrosas, provocó daños a personas y suscitó gran inquietud sobre las consecuencias humanitarias y medioambientales. El mismo día 4 de abril de 2026, una fábrica de cemento situada en Bandar Khamir, en la provincia de Hormozgan –una instalación industrial civil esencial para la subsistencia de las poblaciones locales– también fue cobardemente bombardeada.
Esos ataques ilícitos no fueron fortuitos ni espontáneos. Estuvieron precedidos y acompañados de amenazas reiteradas, explicitas y públicas proferidas por el Presidente de Estados Unidos, dirigidas deliberadamente contra las infraestructuras civiles y estratégicas de Irán. El 1º de abril de 2026, [el Presidente de Estados Unidos] amenazó abiertamente con «devolver Irán a la edad de piedra» y con golpear «cada una de sus centrales eléctricas (…) muy duramente y probablemente simultáneamente». Esas declaraciones llegaron después de las amenazas que ya había formulado el 30 de marzo de 2026, cuando declaró que quería «volar y borrar del mapa» las centrales eléctricas, las instalaciones petroleras, la isla de Kharg y las plantas desalinizadoras, así como sus declaraciones del 21 de marzo de 2026, cuando amenazó con «golpear a aniquilar» las centrales eléctricas iraníes.
Esas declaraciones odiosas constituyen una incitación directa y pública a cometer crímenes de guerra y son pruebas irrefutables de la intención, elemento central para establecer la responsabilidad legal individual en derecho internacional.
El hecho de designar como blancos, de manera explícita, deliberada y sistemática, a civiles y bienes de carácter civil, así como destruir infraestructuras indispensables para la supervivencia de la población civil, principalmente redes de electricidad, de suministro de agua y de energía, u otras instalaciones civiles esenciales, constituye un crimen de guerra y un acto flagrante de terrorismo de Estado, tendiente a aterrorizar y a causar graves daños a los civiles. Esos actos horribles y bárbaros constituyen una violación flagrante del derecho internacional humanitario y son reveladores de la intención criminal de los responsables de tales actos de infligir sufrimientos a gran escala a la población civil.
Teniendo en cuenta todo lo anterior y plenamente consciente de los graves daños medioambientales, de los sufrimientos masivos infligidos a la población civil y de las consecuencias humanitarias catastróficas inevitablemente resultantes de tales actos deliberados e ilícitos, que constituyen evidentes crímenes de guerra, la República Islámica de Irán llama el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a cumplir con sus obligaciones jurídicas y morales de la siguiente manera:
- Condenar sin reservas y de manera inequívoca estos actos deliberados y atroces que constituyen crímenes de guerra y de terrorismo de Estado contra las infraestructuras civiles y bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y que constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario, así como violaciones manifiestas de todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad relativas a la protección de los civiles y de las infraestructuras civiles en periodo de conflicto armado, incluyendo aquellas a favor de las que Estados Unidos votó anteriormente;
- Tomar medidas inmediatas, decisivas y concretas para poner fin a los actos criminales e ilícitos que Estados Unidos y el régimen israelí cometen actualmente y para que la responsabilidad internacional de los autores de todos esos actos se tenga en cuenta, principalmente la responsabilidad del Presidente de Estados Unidos y la del Primer Ministro del régimen israelí, por haber aplicado deliberadamente políticas que conducen a que se cometan crímenes de guerra y actos de terrorismo de Estado contra los civiles y las infraestructuras civiles en la República Islámica de Irán.
Ante violaciones tan flagrantes, el silencio y la inacción pondrán en serio peligro la integridad del derecho internacional, erosionarán las bases de la Carta de las Naciones Unidas y estimularán nuevos actos de agresión, cuyas consecuencias se extenderán más allá de la región.
Agradecería a usted que tenga a bien hacer circular el texto de la presenta carta como documento del Consejo de Seguridad.
Amir Saeid Iravani
