Marta Balmaseda (*).— La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza, ha sido una de las mayores amenazas, y uno de los instrumentos de represión de la protesta más utilizados contra las personas activistas y los movimientos sociales desde que se aprobó con el gobierno de Mariano Rajoy.
Los órganos competentes para imponer sanciones en base a la ley mordaza son el ministro del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla, las autoridades correspondientes de la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus competencias en materia de seguridad ciudadana, y los alcaldes y alcaldesas cuando las infracciones se cometieran en espacios públicos municipales o afecten a bienes de titularidad local, siempre que ostenten competencia sobre la materia. Se trata de sanciones administrativas.
Cuando un agente levanta un acta, tiene presunción de veracidad. Es la persona sancionada la que debe demostrar que los hechos no ocurrieron tal y como se describen
Pero ¿cómo funciona en la práctica la ley mordaza? El procedimiento se inicia a partir de la actuación de un agente que levanta un acta o denuncia tras entender que se ha producido una infracción administrativa. Ese documento tiene presunción de veracidad, es decir, los hechos recogidos en él se consideran ciertos salvo prueba en contrario. A partir de ahí, la Administración competente inicia un procedimiento sancionador en el que, en la práctica, la versión del agente es prueba suficiente para proponer la sanción.
Con la notificación de la propuesta de sanción, se le ofrece a la persona denunciada un plazo para formular alegaciones y aportar pruebas. Sin embargo, es difícil poder conseguir esas pruebas en contextos como manifestaciones o concentraciones y que, además, esas pruebas tengan un peso suficiente para desvirtuar la versión policial. La carga de la prueba recae, de facto, sobre la persona sancionada, que debe demostrar que los hechos no ocurrieron tal y como se describen en el acta, generándose así una presunción de culpabilidad. Tras esta fase, la Administración dicta resolución, que suele confirmar la sanción inicialmente propuesta y la persona denunciada puede interponer un recurso administrativo, sin embargo, este recurso implica tiempo, costes económicos y una complejidad jurídica que no todas las personas pueden asumir, lo que en la práctica refuerza el pago de las sanciones.
La ley se aplicó en la vuelta ciclista contra el genocidio en Palestina, en desahucios, huelgas, manifestaciones de estudiantes, de pensionistas, etc
Además, si la persona denunciada realiza el pago en un plazo determinado, puede acogerse a una reducción del 50% del importe de la sanción. Esta opción, aparentemente beneficiosa, implica una aceptación de los hechos denunciados y conlleva la renuncia a formular alegaciones y recurrir. La consecuencia es que el agente de policía se convierte en juez y parte, y la persona sancionada en un mero espectador que sólo puede, en la práctica, pagar la mitad en 15 días, o la totalidad una vez se resuelva el recurso de forma desfavorable. Las cuantías de las multas oscilan entre 100 y 600.000 euros. Cualquier persona que acuda a una movilización de forma pacífica es susceptible de sufrir una sanción. La ley mordaza es la criminalización de la protesta.
La ley mordaza ha sido aplicada para reprimir la protesta pacífica, tal y como puede desprenderse, por ejemplo, de las sanciones que les han llegado a las personas activistas propalestinas que, de forma pacífica, mostrando sólo una bandera y ocupando la vía pública en un evento deportivo, participaron de las protestas contra el genocidio en la vuelta ciclista. Esta persecución no es un hecho aislado, la represión policial contra los activistas pacifistas se ha producido en otros eventos deportivos como la celebración de la Copa del Mundo de Escalada en Alcobendas (Madrid), y en otros eventos como el regreso de los activistas de la Flotilla Global Summud cuando llegaron al aeropuerto de Bilbao, o en las propias manifestaciones que llevan produciéndose en todas las ciudades españolas desde que se inició esta última fase de aniquilación total del genocidio sionista.
Por acudir pacíficamente a intentar impedir el desahucio de una familia hay activistas que han recibido sanciones de 600€
Criminalizar el activismo
Pero la ley mordaza también ha perjudicado duramente a las personas activistas por el derecho a la vivienda. Por acudir pacíficamente a intentar impedir el desahucio de una familia hay activistas que han recibido sanciones de 600€ en aplicación de la ley mordaza que castiga, entre otros actos, “los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito” o “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”.
Los colectivos en lucha por el derecho a la vivienda han tenido que recaudar miles de euros para ayudar a los activistas a pagar las sanciones, poniendo en práctica el lema de “si tocan a una nos tocan a todas”, porque una familia trabajadora no puede permitirse pagar cientos o miles de euros por acudir a una protesta o por intentar impedir el desahucio de sus vecinos. Si los movimientos sociales no cargan con el pago de estas sanciones se produce la desmovilización de las personas activistas y la autocensura por miedo a la represión, así que la ley mordaza no solo castiga a los activistas, ataca directamente a los movimientos sociales.
A través de la ley mordaza se ha sancionado al movimiento pacifista y antiimperialista, al movimiento por la vivienda, al movimiento estudiantil, al movimiento sindical convirtiendo la huelga y los piquetes informativos en actos sancionables, todo bajo la motivación formal de la desobediencia. Pero también ha afectado al movimiento en lucha por las pensiones. Sí, a las personas mayores que están defendiendo su pensión y la de todas. Sanciones de 1.200 euros impuestas a pensionistas por protestar pacíficamente acusados de desobediencia y resistencia a la autoridad.
Registro de “infractores” y consecuencias
Además, la ley crea el Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana a efectos de apreciar la reincidencia en la comisión de infracciones tipificadas en la Ley. El impacto de estar inscrito en ese registro puede ser muy perjudicial para las personas migrantes, ya que la normativa de extranjería exige, en algunos trámites, no representar una amenaza para el orden público o la seguridad pública, pero también puede suponer, por ejemplo, la pérdida de subvenciones o ayudas (ya que la Agencia Tributaria puede retener cualquier devolución de impuestos o ayudas públicas para cobrarse la deuda), la denegación de una solicitud de licencia de armas, y, obviamente, el agravamiento de futuras multas por reincidencia (para que las personas activistas se lo piensen antes de volver a armarse con un megáfono).
La ley mordaza ha sido señalada por organizaciones de derechos humanos y relatores de la ONU como una seria amenaza para la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. Desde 2015 hasta 2024 (últimos datos publicados en el portal estadístico de criminalidad) se impusieron casi dos millones y medio de sanciones (2.483.751) con un importe total de 1.496 millones de euros.
El ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, manifestación o sindical, quedan sometidos a un régimen sancionador que desincentiva su práctica. No se trata únicamente de la imposición de multas, sino del efecto disuasorio y la autocensura que éstas generan en el conjunto de la ciudadanía. Cuando protestar puede costar cientos o miles de euros, el ejercicio del derecho deja de ser plenamente libre para convertirse en una opción condicionada por la capacidad económica de quien decide ejercerlo. Esta lógica afecta especialmente a los sectores más vulnerables, que, teniendo menos capacidad económica, son, precisamente, quienes con mayor frecuencia necesitan recurrir a la protesta para defender sus derechos. Se produce así una desigualdad material en el ejercicio de libertades públicas en función de la capacidad económica. Garantizar el derecho a la protesta pacífica implica asegurar que su ejercicio no conlleve represalias económicas ni mecanismos que, en la práctica, vacíen de contenido derechos reconocidos formalmente. Por todo ello, la derogación de la ley mordaza es necesaria y urgente.
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(*) Abogada. Pertenece a la junta directiva del FAiD (Foro abogacía i democracia).
