La farsa continúa: Washington no libera a su cautivo porque tiene la fuerza, no la razón
El presidente electo y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y su esposa Cilia Flores, siguen secuestrados en territorio estadounidense. Y la palabra no es excesiva ni retórica: es secuestro, con toda la crudeza jurídica y moral que ese término implica. El pasado 3 de enero, un comando militar de los Estados Unidos irrumpió en un país soberano, capturó a su jefe de Estado y a su primera dama, y los trasladó por la fuerza a suelo norteamericano para exhibirlos ante un tribunal como si fueran vulgares delincuentes de a pie. A esto lo llaman, con un cinismo que ya asusta, «acción de aplicación de la ley». No es extradición. No es justicia. Es secuestro de Estado, con premeditación y alevosía imperial.
Ayer se celebró la tercera audiencia de procedimiento en Nueva York. Y lo que allí se escenifica no es un proceso judicial, es un circo cuidadosamente coreografiado para prolongar indefinidamente el cautiverio de un mandatario incómodo. El propio guion delata su falsedad: la narrativa del Tren de Aragua como organización dirigida por Maduro para el narcotráfico se ha ido desmoronando pieza por pieza, hasta quedar en evidencia lo que muchos denunciamos desde el primer día: es un invento de la CIA, una fabricación de inteligencia diseñada para justificar lo injustificable. Ni existe tal estructura criminal bajo el mando del presidente venezolano, ni hay una sola prueba sólida que resista el más mínimo escrutinio. Pero cuando la mentira se derrumba, Washington no pide disculpas ni retira cargos: simplemente inventa nuevos, añade acusaciones, dilata plazos, y busca jueces dispuestos a sostener la mascarada. Para eso han encontrado a un magistrado casi centenario, Alvin Hellerstein, feliz de ejercer de maestro de ceremonias en este espectáculo de la vergüenza, fijando ya un juicio para junio de 2027. Dos años y medio de cautiverio adicional, planificados de antemano, con la frialdad de quien sabe que la verdad no le importa a nadie con poder de veto en el Consejo de Seguridad.
Lo esencial, lo que ningún tecnicismo procesal puede tapar, es esto: Estados Unidos no tiene jurisdicción alguna sobre un jefe de Estado extranjero. No puede entrar en un país soberano, secuestrar a su presidente y juzgarlo como si fuera un ciudadano cualquiera sometido a su ley interna. Eso lo sabe cualquier estudiante de derecho internacional de primer año. Lo saben también, por supuesto, los abogados y el juez que participan en esta pantomima, y por eso mismo han decidido posponer indefinidamente la cuestión de fondo —la de la inmunidad y la ilegalidad manifiesta de la captura— mientras avanzan con la parte que sí les interesa: mantener presa a la voz molesta.
Hay incluso quienes, desde dentro del propio establishment jurídico estadounidense, empiezan a señalar las grietas de esta farsa. El abogado Michael Rips lo recordaba esta semana en un artículo de opinión en The New York Times: existe un tratado de extradición entre Estados Unidos y Venezuela, firmado en 1922, que obliga a que cualquier disputa sobre su cumplimiento se resuelva mediante arbitraje ante un panel independiente, y no mediante el atropello unilateral de un tribunal federal neoyorquino. Si ese arbitraje se celebrara —cosa que Washington hará todo lo posible por evitar— y concluyera que la captura violó el tratado, Estados Unidos estaría obligado a liberar a su «preciado cautivo», en palabras del propio Rips. Pero, claro, Washington no tiene ningún interés en someterse a un derecho que dice defender solo cuando le conviene. El imperio firma tratados para exhibirlos como gesto de buena voluntad diplomática, y los ignora en cuanto se convierten en un obstáculo para sus intereses.
No es casualidad que el abogado que hoy defiende a Maduro sea Barry Pollack, el mismo que negoció el acuerdo que puso fin a los quince años de persecución y encierro contra Julian Assange. Pollack conoce de primera mano cómo funciona la maquinaria judicial estadounidense cuando decide convertir a alguien en enemigo del imperio: años de dilaciones, cargos que se acumulan y se reformulan según convenga, condiciones de reclusión pensadas para quebrar antes que para juzgar, y un aparato mediático dispuesto a repetir sin cuestionar la versión oficial. A Assange lo persiguieron por destapar crímenes de guerra; a Maduro lo persiguen por gobernar un país que se negó a arrodillarse ante Washington y que se sienta sobre las mayores reservas de petróleo del planeta. El método es el mismo: fabricar el relato, encontrar el juez cómplice, y estirar el proceso hasta que el tiempo mismo se convierta en la condena.
Y aquí está la clave de todo: Washington hace esto porque puede, no porque tenga razón. Es la fuerza bruta imponiéndose sobre el derecho internacional, sobre la soberanía de los pueblos, sobre la dignidad de las naciones. La misma fuerza que permite a Trump bombardear Irán a traición, por sorpresa, sin declaración ni justificación que resista el análisis. La misma impunidad que blinda a Netanyahu, un genocida declarado culpable de crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional, y a quien Washington sigue tratando como aliado de honor en lugar de entregarlo a la justicia. La misma prepotencia que permite corruptelas y abusos alrededor de un Mundial de fútbol convertido en negocio y propaganda del imperio. Y el mundo entero agacha la cabeza, calla, mira para otro lado, no por convicción sino por miedo a que el loco con el dedo en el gatillo haga una locura mayor todavía.
Esto no es justicia, camaradas: es la ley del más fuerte disfrazada de proceso legal. Y mientras el proletariado del mundo observa cómo la mayor potencia militar de la historia secuestra presidentes, bombardea países soberanos y protege genocidas, se nos exige aceptar que esto es «el orden internacional». No lo es. Es la barbarie imperialista de siempre, con toga y estrados en lugar de uniforme, pero con la misma lógica de rapiña de fondo.
La liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores no es solo una cuestión venezolana: es una cuestión de principios para todo pueblo que aspire a la soberanía frente al imperio. Hoy es Venezuela. Mañana puede ser cualquiera que se atreva a no arrodillarse.
André Abeledo Fernández
