El municipalismo como trinchera de clase
Por André Abeledo Fernández
Se habla mucho de municipalismo desde los despachos, pero demasiado poco desde la realidad cotidiana de quienes viven y trabajan en nuestros pueblos. Mi paso por el pleno municipal de Narón me dejó una convicción que mantengo intacta: un ayuntamiento no va a cambiar por sí solo el sistema, pero sí puede mejorar o empeorar la vida de la gente. Precisamente por eso, no podemos dejar la política municipal en manos de quienes la entienden únicamente como una carrera profesional o como un escalón dentro de la estructura de un partido.
El municipalismo cobra sentido cuando pone las instituciones al servicio de la mayoría social.
Así lo entendimos cuando en 2016 defendimos en el pleno la declaración de Narón como «cidade libre de desafiuzamentos», recuperando una iniciativa ciudadana impulsada por la Rede de Apoio Mútuo de Ferrolterra y STOP Desahucios que llevaba meses olvidada en un cajón. La vivienda no puede seguir tratándose como una mercancía mientras miles de familias tienen dificultades para acceder a un hogar digno. Por eso defendimos también la creación de un parque público de vivienda en alquiler y la utilización del patrimonio de la Sareb para garantizar ese derecho.
La misma lógica debe aplicarse a los servicios públicos. Propusimos reducir de seis a tres meses el tiempo de empadronamiento necesario para acceder a determinadas ayudas municipales, porque la pobreza no entiende de trámites administrativos. Frente a quienes siempre sospechan del necesitado, creemos que la administración debe facilitar el acceso a los derechos y no convertirlos en una carrera de obstáculos.
Esa defensa de lo público incluye también la accesibilidad, para que cualquier persona, independientemente de su movilidad, pueda desplazarse con autonomía por su municipio; la gestión pública del agua y del saneamiento, porque un derecho básico no puede convertirse en un negocio; y la contratación pública con criterios sociales, exigiendo que las empresas adjudicatarias respeten los derechos laborales de sus plantillas.
Por esa misma razón defendí públicamente a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio y reclamé que la concesión del servicio recayera en una empresa que garantizara condiciones laborales dignas. Los cuidados no pueden sostenerse sobre la precariedad. Cuando se degradan las condiciones de quienes cuidan de nuestros mayores y personas dependientes, también se degrada la calidad del servicio que reciben.
El pleno municipal también debe servir para dar voz a los conflictos laborales. Así ocurrió cuando apoyamos a los trabajadores de Electrorayma-Tecman en Navantia en su reivindicación de una subrogación en condiciones de igualdad y dignidad. Un concejal no sustituye la lucha sindical, pero puede poner la institución al servicio de quienes la protagonizan.
Esa fue siempre mi manera de entender el municipalismo: como una herramienta útil para defender derechos concretos, no como un espacio para la propaganda. Porque los ayuntamientos no transforman por sí solos la sociedad, pero sí pueden convertirse en una trinchera desde la que proteger a la clase trabajadora, fortalecer los servicios públicos y demostrar que otra forma de hacer política, más cercana, más honesta y más comprometida con la ciudadanía, es posible.
