Rusia rechaza las acusaciones sobre la injerencia de Moscú en el proceso independentista de Cataluña y las tacha de ‘una teoría de conspiración’.
“No creo en este tipo de teorías de conspiración a menos de que Rusia sea responsable de todo lo que ocurre en el mundo, no solo en Europa”, indicó el martes el director adjunto del Departamento de Cooperación Europea del Ministerio de Exteriores de Rusia, Igor Kapyrin.
El diplomático ruso, que dejó claro que el Gobierno de Kremlin condena los ataques cibernéticos, exigió a los países occidentales presentar pruebas de la supuesta injerencia rusa tal y como alegan.
«No creo en este tipo de teorías de conspiración a menos de que Rusia sea responsable de todo lo que ocurre en el mundo, no sólo en Europa”, indicó el director adjunto del Departamento de Cooperación Europea del Ministerio de Exteriores de Rusia, Igor Kapyrin.
En otra parte de sus declaraciones, al considerar a España “un amigo perfecto”, ha denunciado a varios medios y políticos por acusar a Rusia de supuestos esfuerzos para desestabilizar a este país a través de Cataluña.
“Tengo problemas para pensar que alguien tendría en mente esta idea de desestabilizar España, que es nuestro amigo perfecto (…) No vamos a bombardear Madrid ni Barcelona. No vamos a bombardear ninguna ciudad”, agregó.
Estos comentarios se producen en la misma jornada en que fuentes parlamentarias de España anunciaron que la vicepresidenta del Gobierno de Madrid, Soraya Sáenz de Santamaría, comparecerá el próximo 14 de diciembre ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso para informar sobre las supuestas injerencias rusas en la situación en Cataluña.
No obstante, la postura del Kremlin respecto a la situación política en Cataluña es que se trata de un asunto interno de España y que, por lo tanto, debe resolverse en el marco de la legislación española y de la Constitución del país europeo.
Las elecciones independentistas de Cataluña del 1 de octubre devinieron, una vez declarada la independencia, en numerosas detenciones de autoridades de alto rango de Cataluña y la disolución del Parlament, tras la aplicación del artículo 155.
