Eduardo Vasco.— El sistema capitalista mundial corría un grave peligro de derrumbe desde la crisis del petróleo de 1973. La fuerte desestabilización de la economía global, que ya venía desarrollándose en los años anteriores, condujo al colapso del régimen económico —y, por extensión, del régimen político— de diversos países.
Las dictaduras fascistas de Portugal y España cayeron rápidamente, la dominación colonial en África se evaporó y movimientos revolucionarios tomaron el poder en Angola, Mozambique, Nicaragua e Irán.
Por muy poco no se implantó la dictadura del proletariado en la Península Ibérica —lo que habría tenido consecuencias potencialmente fulminantes para el resto de Europa Occidental—, en un momento de insurgencias armadas en Italia y Alemania. Ni siquiera el llamado “Telón de Acero” escapó a la oleada revolucionaria: el monolitismo estalinista en Polonia demostró ser una simple hoja de parra, arrancada por las explosivas huelgas en los astilleros de Gdansk, que señalaban la posibilidad de una revolución política contra la burocracia en toda Europa del Este.
Para salvar su modo de producción, la burguesía imperialista se vio obligada a llevar a cabo ella misma reformas políticas quirúrgicas, puntuales y limitadas, dando a los trabajadores y a los demás sectores oprimidos por los regímenes dictatoriales y coloniales la impresión de que ahora eran libres. Las dictaduras serían sustituidas por sistemas supuestamente democráticos, donde se respetarían los derechos humanos y las libertades políticas.
También se introducirían ajustes en la dinámica económica global, y estos eran los que realmente importaban: la economía de mercado (es decir, la dictadura de los monopolios financieros) se convertiría en la norma, garantizando la libre empresa (solo para esos monopolios), poniendo fin a la intervención estatal en la economía para abrir los mercados nacionales a la penetración total del capital extranjero. De ahí la necesidad de un respiro en el estrangulamiento político, a fin de garantizar la libre circulación de mercancías y capitales (para los monopolistas, por supuesto).
El primer gran hito de esta nueva era fue la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa y los Acuerdos de Helsinki de 1975. Allí quedó en evidencia la subordinación de la burocracia “socialista” de la URSS y sus satélites al imperialismo, acercando a los dos “bloques” rivales bajo los dictados del capitalismo. La crisis de 1973 había intensificado la dependencia de los regímenes estalinistas respecto del sistema capitalista, profundizando su deuda externa y generando una inflación galopante en esos países. Era necesario encontrar una solución negociada, aunque ello significara los últimos momentos de la propiedad estatal de los medios de producción.
Uno de los debates centrales de la Conferencia giró en torno a los derechos humanos. Los Acuerdos de Helsinki decretaron la realización de esfuerzos multilaterales para el “respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia”. Por supuesto, el “efecto Helsinki” solo se hizo sentir en el lado más débil, mientras que Estados Unidos y Europa Occidental continuaron e intensificaron la supresión a largo plazo de los derechos democráticos en los países coloniales y semicoloniales, promovieron golpes de Estado y guerras por todo el mundo y, con la implantación del neoliberalismo, desmantelaron el Estado de bienestar y las condiciones de vida de sus propios pueblos.
Como describió acertadamente un artículo de The Guardian con motivo del 50.º aniversario de los Acuerdos de Helsinki, estos se convirtieron en “una emocionante agenda para el cambio”. “Gradualmente, esta intensa actividad en torno a los derechos humanos en el imperio soviético ayudó a abrir brechas en el Telón de Acero, debilitar los regímenes y sentar algunas de las bases para el final pacífico de la Guerra Fría”, observó el democrático, pacífico y humanitario autor del artículo, quien además defiende una intervención armada de las fuerzas imperialistas contra Rusia en Ucrania.
Las Naciones Unidas respaldaron los Acuerdos de Helsinki y, a partir de la década de 1980, comenzaron a citarlos como paradigma en las discusiones sobre derechos humanos. Estados Unidos y sus satélites invocaron, de manera explícita o implícita, los Acuerdos para acusar a la URSS y a Checoslovaquia, por ejemplo, de perseguir a disidentes “humanitarios” y “demócratas”.
Siguiendo esta nueva orientación del imperialismo, Jimmy Carter fue elegido presidente de Estados Unidos en 1977. Los derechos humanos fueron su bandera: el gobierno estadounidense comenzó a publicar informes anuales sobre violaciones en todo el mundo, fortaleció la entonces Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Estado, patrocinó denuncias de disidentes soviéticos, presionó a las dictaduras militares latinoamericanas (títeres de Estados Unidos) para que realizaran una apertura gradual, garantizando una transición “desde arriba” y evitando que las masas tomaran el poder, y promovió la creación de foros internacionales sobre derechos humanos.
Durante este período florecieron organismos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1978). La ONU pasó a otorgar una importancia central a la entonces Comisión de Derechos Humanos, creó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (1980) y la Convención contra la Tortura (1984), y amplió el sistema de los llamados “relatores especiales”, un modelo que se convertiría en una de las principales herramientas del sistema de derechos humanos de la ONU en las décadas siguientes. Y, como he demostrado con frecuencia, una herramienta para el cambio de régimen contra gobiernos incómodos para el imperialismo, como los de Irán, Cuba y Corea.
Otro hito del comienzo de esta nueva era de la política imperialista fue la proliferación de las ONG. Hasta entonces poco conocida, Amnistía Internacional recibió el Premio Nobel de la Paz en 1977 y el Premio de las Naciones Unidas en el Campo de los Derechos Humanos en 1978. Ese mismo año se creó en Estados Unidos una ONG llamada Helsinki Watch, con comités que se extendieron por toda Europa Oriental para vigilar la aplicación de los Acuerdos de Helsinki por parte de los regímenes estalinistas. La red se expandió por todo el mundo y, diez años después, se integró formalmente bajo el nombre de Human Rights Watch.
El especulador y multimillonario húngaro-estadounidense George Soros inició sus actividades supuestamente filantrópicas en la misma época y con el mismo objetivo: abrir las sociedades de Europa Oriental. Para ello invirtió sumas astronómicas y creó la Fundación Open Society en Hungría en 1984, ampliando la actuación de sus ONG por toda la región y posteriormente por el resto del mundo. En 1983, el propio Congreso de Estados Unidos creó directamente una institución capaz de hacer “lo que antes hacía la CIA de manera encubierta”: la National Endowment for Democracy (NED), cuya principal actividad gira precisamente en torno a los derechos humanos.
En el próximo artículo veremos el doble rasero de las Naciones Unidas respecto de los derechos humanos en los países de Europa Oriental antes y después de la caída de la URSS, así como la relación entre la campaña en torno a los derechos humanos y la ola neoliberal de las últimas décadas.
