«Se determinó marchar el lunes 18 de noviembre a las ciudades de La Paz (oeste) y Sucre (sur), donde está la sede del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para exigir la liberación de los detenidos en bloqueos de caminos, que se pare con la persecución judicial y respecto a la candidatura del expresidente Morales en 2025», explicó.
El 8 de noviembre, el TCP ratificó la inhabilitación de Morales, en respuesta a la solicitud de enmienda, complementación y aclaración presentada por el diputado opositor de Creemos, José Carlos Gutiérrez, sobre la Sentencia Constitucional Plurinacional 1010/2023 de diciembre de 2023.
«Exigimos que se pare con la persecución judicial a los dirigentes campesinos, porque los magistrados auto prorrogados están impulsando eso», demandó.
Sectores afines a Morales cuestionan los fallos del TCP debido a que los magistrados se autoprorrogaron en el cargo hasta la realización de elecciones judiciales, postergadas desde 2023 por falta de acuerdos políticos.
Los campesinos bolivianos recientemente protagonizaron un bloqueo de carreteras de 24 días, con pérdidas superiores a 2.000 millones de dólares para la economía boliviana, con el objetivo de frenar una investigación judicial contra Morales y exigir soluciones a la escasez de carburantes y alza de precios de la canasta familiar.
Actualmente, el presidente Luis Arce, que fue ministro de Economía de Morales durante la mayor parte de su Gobierno, está enfrentado con su exmentor político por la candidatura presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones generales de 2025.
