Este sábado, Ecuador se convirtió en epicentro de movilizaciones sociales tras la declaración de paro nacional por parte del Frente Nacional Antiminero, en protesta contra el avance de la minería metálica regularizada y desregulada en el país.
La medida se suma a una creciente ola de inconformidad social que ha puesto en tensión la relación entre el Gobierno de Daniel Noboa y diversos sectores ciudadanos.
En su comunicado oficial, el Frente Antiminero expresó su respaldo a organizaciones populares, gremios profesionales y comunidades indígenas que han manifestado su rechazo a las políticas del presidente Daniel Noboa, especialmente aquellas que promueven la expansión de la actividad minera en un contexto considerado ambiental y socialmente desfavorable.
“Los proyectos mineros, lejos de generar desarrollo, provocan división social, contaminación, despojo de tierras y criminalización de quienes defienden los territorios. Rechazamos toda forma de persecución y exigimos el respeto a nuestros derechos fundamentales: la protesta, la autodeterminación y la resistencia”, señala el documento difundido por el Frente.
La protesta no se limita al ámbito ambiental. El paro también responde al malestar generado por el Decreto 126, que oficializa la eliminación del subsidio al diésel, medida que ha sido calificada como un “tarifazo” por sus críticos. Según diversos sectores, esta decisión encarece el transporte, la producción y los alimentos, afectando directamente a millones de familias ecuatorianas.
Un día antes, el jueves, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) también anunció su adhesión al paro nacional, en rechazo a lo que consideran una agenda gubernamental regresiva, que incluye despidos masivos en el sector público, debilitando servicios esenciales como salud y educación, así como la privatización encubierta de áreas protegidas y bienes comunes.
El Frente Antiminero denunció además la criminalización sistemática de defensores de la naturaleza y de los derechos colectivos, y advirtió que estas políticas representan una forma de violación estructural a la soberanía y a la dignidad del pueblo ecuatoriano.
