“El Primer Ministro no aportó ninguna respuesta clara ante las expectativas de los trabajadores”, declaró a la prensa la secretaria general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Marylise Léon, tras un encuentro en Matignon con el primer ministro Sébastien Lecornu.
El 18 de septiembre, la Intersindical llevó a las calles a cerca de un millón de franceses, según sus estimados, y un día después emplazó al jefe del Gobierno a responder a sus demandas antes del 24 de septiembre (hoy), en aras de evitar nuevas movilizaciones.
Lecornu recibió este miércoles a los sindicatos y las patronales, como parte de sus consultas para elaborar el presupuesto del Estado 2026, después de que naufragara a principios de mes el plan promovido por su predecesor, François Bayrou, quien fue derrocado el 8 de septiembre, cuando la Asamblea Nacional le negó la confianza.
Además de exigir la supresión de la reforma de la jubilación, que extendió de 62 a 64 años la edad del retiro, los sindicatos piden que el presupuesto no base sus medidas de austeridad sobre las espaldas de los trabajadores.
También al salir de la reunión con el Primer Ministro, la líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, consideró que no existieron elementos precisos en materia fiscal y de mejoras en los servicios públicos, lo cual justifica el nuevo llamado a salir a las calles.
El plan presentado por Bayrou incluía 44 mil millones de euros en ahorros y recortes y la impopular propuesta de suprimir dos días feriados, iniciativa rechazada por la sociedad en general.
Consciente de su fragilidad ante el dominio opositor en la cámara baja y la presión social, Lecornu trata de elaborar un proyecto con mayor aceptación, aunque sin abandonar la premisa del saneamiento de las finanzas públicas, golpeadas por un déficit y una deuda entre los peores en la Unión Europea, que condujeron a devaluar la nota de Francia por calificadoras de riesgo.
En ese sentido, el primer ministro adelantó que no buscará la eliminación de dos días feriados, con la que Bayrou pretendía ahorrar unos cuatro mil millones euros.
